Patronal de McDonald’s y Vips planea pedir responsabilidad patrimonial al Estado por su gestión

Tienda de Burger King de noche

Marcas de Restauración, la asociación que engloba a empresas como McDonald’s, Burger King, Vips o Domino’s deja la puerta abierta a recurrir a la justicia para exigir responsabilidades patrimoniales al Estado por la gestión de la crisis del coronavirus. Así lo ha confirmado a este periódico, Paula Nevado, secretaria general de la patronal: «Es una opción legitima y muy a valorar. Son las empresas la que tiene que dar el paso, pero -desde luego- las asociaciones estudiamos y amparamos una medida en ese sentido».

Por el momento, desde la asociación empresarial explican que no se ha tomado ninguna decisión en firme y tampoco se ha emprendido ninguna acción, pero sí que podrían dar el paso al frente. «Si no nos dejan trabajar dándonos un marco coherente y estable nos tendrán que compensar, y si no deciden concedernos ayudas es la alternativa que se valorará», explica Nevado.

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La falta de ayudas directas es, precisamente, una de los principales problemas a los que se enfrenta el sector hostelero, cada vez más asfixiado por la falta de liquidez que causan los cierres obligados y las restricciones de aforo y movilidad. Desde Marcas de Restauración exigen al Gobierno que conceda ayudas directas al sector como han hecho otros países europeos, como Francia o Alemania. También reclaman un modelo de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que garantice la flexibilidad, que se reduzca el IVA y otro marco legal para gestionar los alquileres de los locales.

Respecto a los alquileres -regulados en el Real Decreto Ley 33/2020, de 22 diciembre- el sector hostelero ha denunciado reiteradamente que la moratoria es claramente insuficiente, llega tarde y tiene un impacto muy limitado. Una de las mayores críticas es que para solicitar una rebaja del 50% del alquiler, el arrendatario tiene que demostrar caídas de su facturación del 75%. «Pedir ese requisito es descartar de un plumazo a la práctica totalidad de los interesados. Los alquileres siguen siendo un problema pendiente a día de hoy. Si deciden no legislar en esta materia, entonces será uno de los motivos por los que este sector siga pidiendo ayudas, compensaciones o que en buena medida se justifique los cierre que se van produciendo porque es insostenible», dice Nevado.

Más de 700 hosteleros se han sumado a la demanda colectiva que se presentará en los próximos días ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las Comunidades Autónomas

En medio de esta asfixia económica está el caos. La patronal que engloba a las principales empresas de las restauración organizada denuncia que el sector se encuentran inmerso en un caos legislativo desde hace meses. Por eso, piden más coordinación, coherencia y que se estandaricen los criterios entre las comunidades autónomas.

La ofensiva de los hosteleros

Lo que está claro es que el sector hostelero ya se ha cansado del Gobierno. De hecho, más de 700 hosteleros de todo el país se han sumado por el momento a la demanda colectiva que se presentará en los próximos días ante el Tribunal Supremo (TS). Está dirigida contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las Comunidades Autónomas por los daños y perjuicios soportados por el gremio durante el año 2020. La indemnización que solicitarán será de 55 millones de euros.

Respecto a los alquileres -regulados en el Real Decreto Ley 33/2020, de 22 diciembre- el sector hostelero ha denunciado reiteradamente que la moratoria es claramente insuficiente, llega tarde y tiene un impacto muy limitado

El objetivo de este grupo de hosteleros, que engloba a cafeterías, restaurantes y bares en general de todo el territorio nacional, es demandar a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas por las pérdidas producidas desde la declaración del primer estado de alarma, de 14 de marzo de 2020. La demanda todavía se está elaborando, aunque según han adelantado fuentes conocedoras de la situación, los hosteleros pedirán indemnizaciones para cada uno de los afectados que sean equivalentes al 75% de las pérdidas registradas en 2020.

En paralelo a esta ofensiva legal, Hostelería de España ha presentado ya más de 17 contenciosos administrativos dirigidos tanto a Sanidad como a las comunidades autónomas, con el objetivo de poner fin a las limitaciones impuestas durante la crisis. En concreto, y tal y como hemos contado en OKDIARIO, el pasado 15 de diciembre presentó ante la Audiencia Nacional una demanda contra la Orden Ministerial de fecha 14 de agosto de 2020 por la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19, y también contra el acuerdo adoptado en la misma fecha por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud.


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