Hace poco, el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, criticó los efectos negativos de la Ley de Fraudes en los últimos tres años, calificándolos como «vergonzosos para el país». Esta normativa, implementada en mayo de 2020, busca limitar la responsabilidad de los usuarios en casos de pérdida, hurto, robo o fraude de instrumentos financieros, como tarjetas bancarias y de retail, incluyendo transacciones electrónicas. Sin embargo, los delincuentes están aprovechando esta normativa para cometer fraudes internos. Realizan compras de hasta 35 UF ($1.259.000 aprox.), para luego afirmar ante la entidad financiera que la transacción fue realizada sin su autorización, obteniendo así un reembolso rápidamente. Si la institución sospecha de dolo o negligencia, debe demostrarlo en los tribunales, pero esto no siempre ocurre debido a los costos y dificultades de investigar estos delitos.
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Este abuso de la Ley de Fraudes contradice su propósito original de proteger a los usuarios en casos de violación o clonación de sus medios de pago. La CMF reconoce que las entidades financieras están preocupadas por esta situación. La presidenta de la CMF, Solange Berstein, reconoce la importancia de un marco regulatorio adecuado para el desarrollo de servicios financieros, pero también destaca el riesgo de malas prácticas. Algunas instituciones financieras han revelado prácticas cuestionables relacionadas con esta ley.
Varios actores de la industria de los medios de pago han solicitado modificaciones a esta Ley de Fraudes. Consideran que la regulación actual está perjudicando el desarrollo de la tecnología financiera en Chile. Se plantea la necesidad de incluir a más actores en la construcción de un sistema financiero más sólido e innovador. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el riesgo moral y el aumento de los fraudes que podrían tener un impacto negativo a largo plazo en la inclusión financiera.
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Aunque se han implementado medidas de seguridad, como límites en las transferencias electrónicas y autenticaciones adicionales, las estadísticas demuestran un aumento significativo en el número y el monto de los fraudes debido a los incentivos para evadir la normativa. A largo plazo, esto podría generar restricciones en las transacciones, mayores costos administrativos y desincentivos para que nuevos actores ingresen al mercado, contrarrestando el objetivo de promover una mayor inclusión financiera en el país.
El gobierno ha mostrado voluntad para buscar cambios en la normativa, y diferentes organismos como la CMF y el Ministerio de Hacienda han abordado este tema. Sin embargo, algunos diputados se oponen a posibles modificaciones, argumentando que la buena fe de los clientes debe ser presunta y que las instituciones financieras son las indicadas para presentar cargos en caso de delitos, no las personas naturales.
