En el marco del Bicentenario del Perú, el cuidado de nuestro mar y la gestión pesquera siguen siendo una deuda pendiente: el constante riesgo del ingreso de flotas extranjeras que depredan nuestra riqueza marina, la poca protección legal que tiene nuestro mar (que actualmente es de aproximadamente 8%), la falta de trazabilidad de las especies marinas que son destinadas al consumo humano, entre otros factores que ponen de manifiesto la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el Mar de Grau y la actividad pesquera.
Ante este contexto, Oceana Perú, organización internacional de conservación marina, presentó a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República la Agenda Azul Legislativa 2021 – 2026, con cinco propuestas de ley que apuntan a mejorar la gestión pesquera y la conservación del mar peruano.
El presidente de esta comisión especial, congresista Jaime Quito, destacó que es necesario poner en marcha estas propuestas, como la actualización de la Ley General de Pesca, especialmente el capítulo referido a la pesca artesanal; así como la propuesta de Oceana Perú para crear una Superintendencia de Fiscalización Pesquera y Acuícola (SUNAPES), pues considera que actualmente existen en el Estado organismos que no le están dando una verdadera atención a nuestro mar.
“En mi calidad de presidente de la comisión de producción del Congreso estaremos recibiendo los aportes que tengan y que nos van a permitir ser la fuente para modificar la legislación de la pesca”, comentó el congresista Quito.
Las cinco propuestas que Oceana que componen la Agenda Azul Legislativa 2021 – 2026 contemplan:
1. Actualizar la Ley General de Pesca, creada hace 30 años y que no ha sido modificada pese al dinamismo del sector. Esta actualización debe incluir la transparencia y la participación ciudadana para evaluar, hacer seguimiento y regular las normas propuestas por el Estado. Asimismo, es urgente la actualización del capítulo relacionado a la pesca artesanal y el fortalecimiento institucional.
2. Crear la Superintendencia de Fiscalización Pesquera y Acuícola (SUNAPES), considerando que, cada año, el Perú pierde entre $260 y $400 millones por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según datos de la FAO (2018).
Aunque en 2013 se creó el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y se acordó crear un organismo para la fiscalización lo cual no prosperó, es necesario concretar la creación de SUNAPES como un organismo independiente de supervisión, control y sanción en el sector pesquero y acuícola que ayudaría a enfrentar el delito de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
3. Incorporar el tráfico ilegal de especies acuáticas silvestres y la pesca ilegal en la ley contra el crimen organizado. El tráfico ilegal de vida silvestre, incluyendo las especies acuáticas, es la cuarta actividad ilegal más lucrativa en el mundo. El comercio ilícito de recursos hidrobiológicos, que va de la mano con la pesca ilegal, representa entre $4200 y $9500 millones anuales a nivel mundial.
En ese sentido, Oceana propone incorporar en la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 30077) los delitos de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre (artículo 308-A del Código Penal), así como la pesca ilegal. De esta manera, el Ministerio Público contará con más herramientas para hacerle frente a este delito de dimensiones internacionales.
4. Elaborar la primera lista de especies de flora y fauna acuática amenazadas para el Perú. Pese a que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) establece restricciones y procedimientos para el comercio internacional de varias especies acuáticas, el Perú no cuenta con una lista. Oceana plantea elaborar la primera lista de especies marinas amenazadas del Perú lo cual permitiría planificar y velar por su aprovechamiento sostenible, identificar las causas del peligro y determinar qué hacer para conservarlas o revertir su situación.
5. Ratificar el Acuerdo de Escazú, que promueve la transparencia en el Estado sobre la información y gestión ambiental y sus recursos; y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en este ámbito. Aunque este este tratado ambiental ha sido firmado por el Perú, todavía debe ser ratificado por el Congreso de la República para entrar en vigor.
Los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú son: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
