El Consejo de Ministros ha aprobado unánimemente un proyecto de ley que busca regular el juego y las apuestas online, introduciendo un impuesto sobre los operadores online
La propuesta fue presentada en la Comisión de Economía por la congresista Diana Gonzales, quien aseguró que “la iniciativa busca recaudar mayores recursos para el Estado, en beneficio de la población y, particularmente, de los deportistas nacionales, que necesitan más apoyo para representarnos”
También indicó que “los deportes peruanos, después de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, han recibido menos presupuesto cada año; además, por la pandemia, los ingresos directos que recibía el Instituto Peruano del Deporte, por recaudos de casinos y tragamonedas, se han visto reducidos de forma considerable”
La propuesta, que deberá ser aprobada por el Congreso de la República, persigue prevenir el lavado de activos, una lacra que afecta al deporte peruano, prestándole un mayor apoyo a través de un porcentaje de los tributos que recaude el Estado, concretamente la SUNAT – Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.
Regular para poder fiscalizar
Pese a que las apuestas online no están reguladas en el Perú y no existen por tanto cifras oficiales, algunas estimaciones apuntan que en 2020 movieron cerca de 4.500 millones de soles, en gran medida gracias a las apuestas de fútbol, pero esa cantidad no reportó ingreso alguno para el deporte ni para el erario público peruano.
De ahí la importancia de haber lanzado el proyecto regulatorio, puesto que supondrá introducir un impuesto del 20% sobre los ingresos de los operadores de juego online. Los cálculos realizados apuntan a que su implantación podría suponer unos recaudos para el Estado en torno a 160 millones de soles cada año.
La entidad que fiscalizará a los operadores de apuestas online será la Unidad de Inteligencia Financiera (de la Superintendencia de Banca y Seguros), que también establecerá las condiciones de garantía necesarias para cubrir los pagos de impuestos, multas y premios.
Emisión de licencias y, en caso necesario, sanciones
Si sale adelante el proyecto, se establecerá que el Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) sea el encargado de emitir las licencias o autorizaciones, que tendrán una vigencia de seis años y podrán ser renovadas con seis meses de antelación.
La propuesta incluye sanciones para una docena de posibles infracciones, que están divididas en tres categorías distintas: leves, graves y muy graves. Se contemplan multas económicas y la suspensión de licencias por periodos de hasta 3 años, así como la inhabilitación a operadores hasta un máximo de 10 años.
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