Demanda contra InRetail por concentración del mercado farmacéutico se verá en noviembre

trabajadores de Salcobrand
  • En 2018, InRetail Pharma (Inkafarma) absorbió a las marcas Quicorp SA (Mifarma, Arcángel, Fasa y BTL), por lo que tiene el 83% del mercado de farmacias. Un grupo de ciudadanos ha demandado a la compañía, ya que esta operación podría vulnerar el derecho a la salud de todos los peruanos.

Según publica larepublica.pe En julio de 2020, en pleno auge de la COVID-19, un grupo de ciudadanos y abogados presentó una demanda de amparo contra InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A. para solicitar que se declare nula la operación de compra y venta entre estas empresas, pues argumentan que se estaría vulnerando el derecho a la salud.

La primera audiencia se realizará luego de dos años, el 2 de noviembre, y está a cargo del 9° Juzgado Constitucional de Lima, según ha reportado el medio digital OjoPúblico.


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El caso se inicia en enero de 2018, cuando InRetail Pharma S.A. (Inkafarma) adquiere por US$ 591 millones el total de acciones de Quicorp S.A., su principal competidor que agrupaba a las recordadas farmacias Mifarma, Arcángel, Fasa y BTL.

Aunque la compra fue cuestionada en su momento, durante la pandemia se expusieron los riesgos de la concentración del mercado de farmacias: cientos de pacientes denunciaron el incremento de los precios de los medicamentos. InRetail, subsidiaria de Intercorp, que es uno de los grupos económicos más importantes del Perú, pasó a tener de 38% a 83% del mercado de farmacias del país.

Y es que, según el informe Perú: The top 10.000, en el año 2013 el 38% de farmacias le pertenecía a InRetail (Inkafarma), el 45% a Quicorp (Mifarma, Arcángel, BTL y Fasa), el 11% a otros establecimientos y el 6% a Deco S.A.C. (Boticas y Salud). No obstante, luego de la fusión, Inretail concentró más del 80% de la oferta farmacéutica, el 11% a otros y el 6% a Deco S.A.C.

¿Qué sostienen los demandantes?

El abogado experto en salud pública y uno de los demandantes, Mario Ríos, señaló a OjoPúblico que el contrato entre las empresas mencionadas representan una amenaza al derecho de la salud, reconocido en el artículo 2.1 de la Constitución, ya que dificulta el acceso a medicamentos.

Otro de los argumentos presentados es que se limita el acceso a medicamentos. “Esto afecta, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables y a las que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Mucha gente muere porque no tiene cómo cubrir los costos de medicamentos”, afirmó Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, quien figura como una de las demandantes.

Cabe precisar que la demanda también señala como responsable al Ministerio de Salud, por ser la entidad encargada de regular todo lo vinculado al derecho a la salud. Esta institución sostuvo que no se encuentra dentro de sus competencias regular las compras y fusiones empresariales, y que, de acuerdo a la ley, es Indecopi la entidad competente para “evaluar y aprobar las fusiones que se produzcan en cualquiera de los sectores económicos del país”.


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