Colombia y Panamá emiten Alerta Temprana Binacional, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes.
Las defensorías del pueblo de Panamá y Colombia emitieron una Alerta Temprana Binacional para que los gobiernos de las dos naciones tomen acciones que garanticen los derechos humanos de las personas que cruzan esa frontera.
La Alerta Temprana Binacional, que se emitió para Necoclí y Turbo en Antioquia y Unguía, Acandí y Juradó en Chocó, del lado colombiano, y para los distritos de Pinogana y Chepigana y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala en la provincia del Darién por el lado panameño, deja en evidencia el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales y organizaciones del crimen organizado en Colombia y grupos de delincuencia local en proceso de organización en Panamá.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis indicó que los equipos de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá encontraron, en primer lugar, una alta situación de vulnerabilidad que afrontan los migrantes y la población que vive en estas zonas.
En segundo lugar, identificaron que las organizaciones ilegales que operan en estas zonas perciben ingresos por sus actividades ilícitas, además, hay una desprotección social que afecta a las comunidades que habitan en los dos lados de la frontera.
Se informó que son múltiples los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben enfrentar, tanto los migrantes, como las poblaciones que viven en la región alertada, entre ellos: violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas.
Advirtieron que en especial situación de vulnerabilidad se encuentran mujeres, madres lactantes, y niños y niñas que viajan solos o cuyos núcleos familiares han resultado divididos por cuenta de las dificultades de la travesía.
“Durante ocho meses los equipos técnicos de las Defensorías del Pueblo de los dos países estuvieron monitoreando las vulneraciones de derechos contra los migrantes y los pobladores de la zona. Encontramos una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales”, destacó Camargo.
Por su parte, Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo de Panamá indicó, que “ha sido un trabajo mediante visitas de campo entrevistas a personas en movilidad humana y lugareños. Debemos prestar especial interés en los lugareños quienes han abandonado actividades agrícolas y comerciales para dedicarse a los flujos migratorios”.
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