Por Santiago Petri, Senior Executive Director de Franklin Templeton Emerging Equity
La Reforma de Pensiones anunciada por el presidente Gabriel Boric y que se discute aún en el Congreso ha generado distintas reacciones en la opinión pública. Desde el sector privado surge la duda, ¿Cuál será el impacto en las inversiones futuras?
En verdad, el impacto dependerá primero que lo que finalmente vaya a ser aprobado en el Congreso y, ulteriormente, en la implementación de la misma reforma.
Pero a priori, creemos que la reforma no tendría un impacto significativamente negativo en las entidades que van a sobrevivir a las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). En ese aspecto, las AFPs van a seguir desarrollando su actividad con otro nombre: Inversor de Pensiones Privada (IPP). Y con riesgo de implementación nos estamos refiriendo a que los trabajadores expresamente van a tener que indicar si quieren que sus aportes del 10% (10,5% luego de la reforma) continúen siendo administrados por las entidades privadas y no por el nuevo organismo estatal creado para tal fin.
En ese sentido, las IPPs tendrán que hacer un esfuerzo de ventas mayor para tentar a que los trabajadores les confíen sus ahorros. Estas nuevas administradoras van a cobrar una comisión por los activos bajo administración y no ya sobre el flujo ingresado. Es decir, el proyecto claramente intenta “inclinar la cancha” en contra del actual régimen de AFPs, pero el impacto es bastante mejor que si se hubiera eliminado completamente este sistema.
Por otro lado, el descontento popular con el resultado de las AFPs es injusto por dos motivos: el primero es que no se puede comparar cuál hubiera sido el resultado de las pensiones si hubieran sido administradas en un fondo común manejado por el Estado (aunque los pensionados pueden observar el destino de las pensiones de sus vecinos trasandinos). El segundo motivo es que el actual sistema de AFPs pudo haber fallado en el diseño al no contemplar los períodos en los que los aportantes han estado fuera del mercado laboral y, por ende, no contribuyendo a su cuenta individual. Además, otro factor jugando en contra ha sido el alargamiento de la expectativa de vida. El nuevo proyecto del gobierno no repara en estos factores.
El 6% adicional que los empleadores deberán contribuir a un sistema universal, hubiera sido positivo para mejorar los ahorros previsionales de los futuros pensionados si se hubieran destinado a las cuentas de capitalización individuales. En definitiva, una mejora en las pensiones futuras se logra aumentando los flujos que engrosan las cuentas individuales.
