El 2021 marca un hito importante para el Perú, debido a la conmemoración del Bicentenario de su Independencia. Es, además, un año que tiene muchos retos por delante ya que viene marcado por los estragos de la pandemia del COVID-19.
Sobre este punto, hemos visto los esfuerzos del Estado por reactivar nuestra economía a través de obras públicas que aceleran la recuperación, por medio del fomento de puestos de trabajo y la realización de proyectos para la mejora de la vida de los peruanos; principalmente a través de obras de saneamiento (agua potable y alcantarillado), edificación de centros de salud, hospitales y colegios, y obras viales como carreteras urbanas y rurales de alcance local y nacional.
Dentro de estos programas tenemos el de Arranca Perú, que busca proporcionar obras desde el sector Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Agricultura; con una inversión pública de S/ 6 436 millones de soles y la creación de 1 009 704 empleos en un corto plazo; las obras de Reconstrucción con Cambios (S/ 9,800 millones) y las obras del DU 114-2020 para saneamiento. El beneficio es integral; sin embargo, la coyuntura económica por la pandemia ha generado una problemática para acceder a créditos comerciales y bancarios por parte de los contratistas y consorcios, generando así un retraso en la ejecución de las obras.
En este sentido, la figura del fideicomiso, como vehículo de garantía, cobra relevancia para brindar celeridad a los procesos de una forma transparente y segura para las partes involucradas. La posibilidad de utilizar el fideicomiso se encuentra regulado en el artículo N°185 del reglamento de la ley de Contrataciones y puede ser aplicado por las entidades gubernamentales.
Esta figura brinda la posibilidad de administrar adelantos directos y de materiales para ser usados única y exclusivamente para obras mayores de S/ 5 millones. Para ello, se deben cumplir requisitos como: que se establezca la figura del Fideicomiso en las Bases del proceso -no en forma excluyente a las Fianzas y/o Pólizas de Caución vigente, sino como mecanismo alternativo; la designación de un supervisor por parte de la sociedad fiduiciaria, que el contratista participe como interviniente, entre otras.
La utilización del fideicomiso como herramienta de garantía para el desarrollo de obras públicas ha tenido un incremento considerable en los últimos años. Las entidades bancarias y/o aseguradoras que emitían las Fianzas lo exigen como garantía de dichos créditos otorgados. Sin embargo, el Fideicomiso de la Ley (Art. 185°) se diferencia por no requerir de Fianzas ni Pólizas de Caución por los adelantos: se firma una escritura pública directo con la entidad pública contratante y se elige al Fiduciario (administrador del Fideicomiso). Es mucho más ágil y sencillo.
En circunstancias como las actuales, representa un apoyo para que las empresas inicien proyectos de diferentes tamaños e inversiones.
Si bien el otorgamiento de la buena pro es un paso decisivo, representa solo el 30% para llevar a cabo un proyecto. El otro 70% lo comprende el financiamiento y la ejecución rentable de la obra. Sin ello, la ejecución es un albur. Hay obras que se quedan paralizadas debido a la falta de liquidez, sin embargo, el fideicomiso ha logrado que se pongan en marcha obras recientes como el proyecto de saneamiento de Baños del Inca en Cajamarca por un valor de S/ 96 millones, que mejorará y ampliará el servicio de agua potable y beneficiará a más de 25 mil ciudadanos. O como los nuevos centros de salud de San Borja en Lima o La Joya en Arequipa, que beneficiarán más de 178 mil consultas externas anuales.
En tanto los proyectos se puedan culminar dar con prontitud, el beneficio más poderoso será ver una construcción vial realizada, más puestos de salud atendiendo y más escuelas con buena infraestructura para preparar la vuelta a clases presenciales. Lo que finalmente, impactará en la vida de más de 31 millones de peruanos que miran con entusiasmo el Bicentenario de nuestra Independencia.
