Por: Marcela Meléndez
El prerrequisito para organizar las finanzas públicas: una administración de impuestos transparente.
En Europa y Estados Unidos la distinción entre empresas y personas es mucho más clara que en América Latina, cuando se considera la manera en que se distribuyen la producción, el trabajo y los impuestos. La mayor parte de la producción y del trabajo se concentran en empresas medianas y grandes, la mayoría de las personas tienen un empleador y reciben un sueldo con los beneficios de ley –horas extras, vacaciones pagas, etcétera–, y, en contraste con nuestras sociedades, casi todo el mundo paga impuestos, pero las personas aportan una proporción mayor del recaudo que las empresas.
En los países de la región, y Colombia no es una excepción, aunque las empresas grandes concentran la mayor parte de la producción, una altísima proporción de los trabajadores se encuentra fragmentada en una multitud de negocios miniatura y muchísimas personas se ganan la vida en el autoempleo. La empresa promedio latinoamericana tiene tres trabajadores. Es una empresa de baja productividad, donde los trabajadores no tienen la oportunidad de mejorar a través del entrenamiento diario. La forma en que se ganan la vida los sentencia a tener ingresos bajos. También, con pocas excepciones, esa empresa promedio opera por fuera del radar de la ley, sin pagar impuestos ni cumplir otras obligaciones. Y los ciudadanos que trabajan en ella o por cuenta propia, en su gran mayoría tampoco pagan impuestos.
En nuestros países los impuestos directos recaen casi exclusivamente sobre las empresas medianas y grandes que operan dentro del marco de la ley y sobre los ingresos de sus empleados. Las obligaciones de reporte y la tributación no alcanzan a las personas de menores ingresos, excluidas del radar del Estado por un mal comprendido sentido de justicia, y tampoco a las de ingresos más altos, por deficiencias en el diseño de la tributación. Oímos decir en todas partes que la tributación no es “progresiva” –las tasas efectivas de tributación no aumentan, como deberían, a la par que los ingresos de las personas–. Por ejemplo, los empleados formales de altos ingresos suelen aportar al fisco una proporción mayor de su ingreso que las personas super ricas, que se encuentran en el 0,1% más alto de la distribución. El gasto público disponible para pagar los servicios de infraestructura, educación, salud y otros que provee el Estado, es mayoritariamente financiado por la actividad empresarial formal, y por el IVA, que se paga entre consumidores y empresas en los mercados que operan en el marco de la ley.
Cobrar impuestos bien en un país donde la ilegalidad es la norma es increíblemente difícil, porque las empresas esconden sus utilidades y las personas sus ingresos.
Diseñar bien un sistema tributario es un problema complejo. Un elemento de esa complejidad es que con demasiada frecuencia personas y empresas operan en la ilegalidad. Cobrar impuestos bien en un país donde la ilegalidad es la norma es increíblemente difícil, porque las empresas esconden sus utilidades y las personas sus ingresos. En parte, por esto nos llenamos de impuestos antitécnicos que gravan directamente los ingresos de la actividad productiva y no las ganancias de esa actividad, como corresponde. O sobrecargamos al sector productivo para capturar a través suyo los ingresos de los propietarios de las empresas, distorsionando con ello las decisiones de inversión y la creación de empleo. Lo primero que necesita cualquier país para organizar sus finanzas públicas es una administración de impuestos moderna y transparente, con capacidad de identificar a los tramposos. Y un sistema de justicia que haga caer sobre ellos el peso de la ley.
Otro elemento de complejidad está en la propiedad familiar predominante de las empresas a todo lo largo de la distribución del ingreso, que requiere pensar con cuidado la tributación que recae por todos los frentes sobre quienes son propietarios. No vayamos a ir por lana y salir trasquilados.
Fuente: El tiempo
