No existen razones regulatorias que impidan al Gobierno conceder ayudas directas y atender las principal reivindicación del tejido empresarial
El Gobierno ha respondido finalmente al clamor de las empresas con el anuncio de un nuevo paquete de ayudas por valor de 11.000 millones de euros. El objetivo de la medida es reforzar la solvencia de las compañías para que puedan retomar la actividad, invertir y volver a contratar. Las ayudas, que se aprobarán en las próximas semanas, están destinadas a empresas, pymes y autónomos, principalmente de la hostelería, el turismo, la restauración y el pequeño comercio. La estructura del plan, que el Ejecutivo está todavía ultimando, incluirá quitas a los créditos ICO, tal y como se había adelantado en los últimos días, pero baraja otras opciones alternativas y complementarias. Sería el caso de las ayudas directas, así como de instrumentos híbridos para reforzar temporalmente el capital de aquellas compañías seriamente perjudicadas por la crisis, pero con potencial suficiente como para salir adelante en la recuperación.
El nuevo paquete de ayudas, que se une a los 140.000 millones de euros en avales públicos del ICO y a los 40.000 millones destinados a los ERTE y a las prestaciones a los autónomos, está focalizado hacia los sectores más afectados por las restricciones, que han solicitado reiteradamente la concesión de ayudas directas, en línea con lo que ha sucedido en Francia o Alemania. El Gobierno se ha resistido hasta ahora a adoptar esta fórmula y parece seguir inclinándose por primar la quita de los créditos avalados por el ICO y traspasar el grueso de esa factura a la banca, una carga que esta se niega, con razón, a aceptar sin que el Estado asuma su parte de responsabilidad.
No existen razones regulatorias que impidan al Gobierno conceder ayudas directas y atender las reivindicaciones de un tejido empresarial que acumula un año ya de travesía en el desierto. Según el plan de ayudas públicas, que fue aprobado ayer por Bruselas, España tiene margen para conceder fondos por valor de hasta 1,8 millones de euros por empresa, ya sea mediante subvenciones directas, beneficios fiscales, créditos reembolsables, préstamos avalados o aplazamientos de tributos y cotizaciones. Otra cuestión importante respecto a las ayudas es qué criterios se utilizarán para separar el grano de la paja en términos de solvencia, cuál será la factura que dejará en la economía la ola de quiebras que antes o después dejará la pandemia y cómo tratar de minimizarla. Los datos del Banco de España apuntan a que las empresas en insolvencia están en torno al 14%, diez puntos más que en 2009. Urge por tanto mejorar los mecanismos concursales judiciales y extrajudiciales para agilizar el proceso de disolución, pero también facilitar, sobre todo, la supervivencia de aquellas empresas que puedan salir adelante.
