El uso de plataformas digitales para el servicio de reparto, ha transformado rápidamente las dinámicas de consumo de un importante porcentaje de la población. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además de sus inherentes ventajas, se amolda perfectamente a la nueva normalidad que afronta el mundo a causa del Covid-19. Lamentablemente, esta revolución tecnológica, económica y social no ha sido acompañada de medidas para garantizar que sus beneficios sean extensivos a toda la sociedad.
La balanza se inclina a favor de un reducido grupo de empresas que dominan el mercado de las plataformas digitales. Su oligopolio es absoluto y construyen relaciones comerciales en las que abusan de los propietarios de restaurantes, sodas y cafeterías. Por falta de reglas claras y justas, esos negocios gastronómicos están obligados a pagar comisiones altísimas, de incluso un 30% por cada uno de sus pedidos.
La situación es totalmente adversa entonces para empresas pequeñas y medianas que no pueden hacer uso total de su aforo para atender clientes debido a la pandemia y deben pagar altas comisiones por los servicios de reparto. Esto ha obligado a restaurantes y sodas a adecuar las tarifas, en su mayoría elevando los precios para compensar la pérdida relativa a la ganancia esperada por las ventas.
No faltan los que aplauden esta dinámica de empobrecimiento. Para ellos no importa que el mercado imponga sus brutales reglas y condiciones a costa del bienestar general. Su ideología los ciega frente a los problemas de la realidad. Probablemente intentarán boicotear el proyecto que recientemente presenté a la corriente legislativa para la regulación de las comisiones cobradas por las plataformas digitales de servicios de reparto (expediente 22.142)
El objetivo de esta iniciativa es establecer comisiones de reparto máximas cobradas por los operadores de las plataformas digitales de servicios de reparto a comercios afiliados, con el propósito de promover eficiencia, equilibrio financiero y garantizar el menor costo posible para los restaurantes, sodas y cafeterías.
Esa comisión máxima, que en principio sería de 15%, puede ser revisada y ajustada según acuerdo entre El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara Nacional de Restaurantes y un representante del sector de repartidores. Habría de esa manera reglas justas y claras que benefician a todas las partes.
Las nuevas normalidades transformarán inevitablemente el mundo. Por eso, debemos ser capaces de encontrar un camino de justicia y bien común. Este proyecto pretende ser un pequeño aporte en esa dirección.
