Por fin ha sido aprobada la Ley para la Transformación Digital del sector financiero, que contiene la puesta en marcha de un entorno de pruebas (sandbox) que debería contribuir a colocar a España como uno de los referentes de la innovación en Europa. Y lo ha hecho por la puerta grande, casi por unanimidad de la Cámara, que no es sino reflejo del absoluto acuerdo político que ha existido sobre esta materia. El sandbox nace con la idea de ser un espacio de experimentación, donde las entidades puedan presentar proyectos innovadores vinculados al sector financiero y testarlos con un número limitado de clientes en un entorno seguro y controlado, sin necesidad de obtener las autorizaciones regulatorias que serían precisas con carácter previo al lanzamiento. Así se conseguirá probar los modelos de negocio en el mundo real y validarlos, ajustarlos o descartarlos rápidamente, sin necesidad de obtener todas las autorizaciones con carácter previo.
Ha sido un largo camino de más de dos años en el que este proyecto, que estaba llamado a ser un referente en la Europa continental, se ha visto postergado, quizás demasiado, por otras prioridades políticas y sociales. A pesar del consenso político que había en torno a la necesidad y conveniencia de este proyecto para avanzar en nuestro proceso de digitalización, las sucesivas elecciones primero, y la pandemia después, ralentizaron la puesta en marcha del sandbox. Esperemos, sin embargo, que este retraso en la aprobación no frustre sus loables objetivos y permita la atracción de talento, la creación de empleo y la promoción de la innovación que muchos hemos considerado que podía traer consigo.
No obstante, como dicen los anglosajones, el diablo está en el detalle. En pocos días, esta nueva Ley estará en el Boletín Oficial del Estado y, acto seguido, se abrirá la primera ventana de presentación de proyectos en este espacio de pruebas. Son muchos los que están esperando este momento, tanto en el entorno fintech como en el sector financiero más tradicional, que lleva meses trabajando ya en la definición de proyectos y en su estrategia de presentación.
El sandbox español bebe de las fuentes de su homónimo británico, que cuenta con casi ya un lustro de experiencia, y en la tramitación se han tratado de incorporar las lecciones aprendidas al otro lado del canal de La Mancha, pero aún está por ver si las diferencias entre el entorno regulatorio y supervisor británico y el español permiten una importación casi directa del modelo.
La presentación y gestión de los primeros proyectos nos darán la imagen de la relevancia que puede adquirir el sandbox y de su capacidad para hacernos crecer como país y para convertirnos en un centro de innovación. En primer lugar, será necesario garantizar un proceso transparente de selección de los proyectos. Si, como es probable, en la primera ventana se presentan más proyectos de los que puedan ser admitidos, los criterios de admisión deberán ser lo más objetivos y razonados posible, para evitar que se produzca una distorsión competitiva y que puedan ponerse en tela de juicio las decisiones tomadas por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en cuanto a la selección.
Por otro lado, respecto a la tramitación de los expedientes, va a resultar necesario dotar a los equipos encargados de la elaboración del protocolo y la monitorización de las pruebas de los recursos humanos y materiales necesarios para que estas se lleven a cabo en un entorno de seguridad, de forma que se proteja a los participantes, pero también de flexibilidad, permitiendo a los promotores de los proyectos ajustar sus pruebas de forma ágil y sin necesidad de una excesiva burocracia.
Por último, resulta en mi opinión clave para contribuir al éxito del proyecto que exista claridad en el proceso de salida del sandbox una vez que las pruebas se hayan llevado a cabo de forma satisfactoria. La estructura y funcionamiento teórico del sandbox promete dos finalidades que en mi opinión son esenciales.
Por un lado, garantiza el acceso al régimen supervisado de forma expedita, reduciendo los plazos normales de autorización de una entidad regulada, que en ocasiones son vistos como un obstáculo para el emprendimiento y que hacen a algunos emprendedores españoles iniciar sus proyectos en otras jurisdicciones.
Por otro lado, también indica expresamente que los proyectos presentados se tendrán en cuenta a los efectos de simplificar la legislación existente, eliminar barreras y duplicidades innecesarias, establecer procedimientos más ágiles y minimizar las cargas administrativas a las que se encuentran sometidas las entidades.
Resulta fundamental que todo el engranaje regulador y supervisor se ajuste en la medida en que sea necesario para que se cumplan esos objetivos. La participación en el sandbox va a dar a reguladores y supervisores un enorme conocimiento sobre las tendencias tecnológicas y sus posibles usos, y también un mayor conocimiento y control de las entidades promotoras de productos, lo cual sin duda debe redundar en una mayor flexibilidad y rapidez en la promulgación de normas que sirvan como catalizadores de la innovación y en la agilización de los procesos de autorización, sin por eso perjudicar en modo alguno la integridad del mercado y la protección de los clientes, que son también pilares fundamentales de nuestro sistema financiero.
Me consta que todos los agentes involucrados, tanto públicos como privados, están llevando a cabo un esfuerzo ingente para que el sandbox sea un éxito, y estoy convencido de que lo será. Ahora es, sin duda, la hora de la verdad.
Francisco J. Ramírez Arbués es socio de regulación financiera de Deloitte LegaL
