El Congreso aprobó tres proyectos que, por distintas vías, generan un impacto en el sector empresarial. La ampliación de la licencia de paternidad y la reducción de la jornada laboral tendrán un efecto generalizado sobre los negocios, mientras que el etiquetado frontal para bebidas y alimentos altos en azúcares, sodios y grasas saturadas afectará a la industria de estos productos.
En cuanto a la extensión de la licencia a los padres, así como la posibilidad de compartir seis semanas del permiso materno, los parlamentarios impulsores entendieron en el trámite la necesidad de introducir las consecuencias económicas y del financiamiento en el sistema y optaron por un crecimiento gradual. Desde la óptica de la equidad de género en esos primeros meses del recién nacido, es indiscutible que la nueva ley implica un importante avance. Habrá que esperar cómo se comportan los trabajadores ante las nuevas alternativas de la licencia tradicional, la flexible y la compartida.
La reducción, también progresiva, de la jornada laboral semanal de 48 horas a 42 será seguramente bien recibida por los trabajadores, pero esconde serios impactos sobre los costos de las empresas, en especial las pymes, y la generación de nuevos puestos de trabajo. Sí, en medio de la actual crisis económica y con el sector privado apenas recobrándose del peor golpe de la historia reciente, el principal objetivo debería ser el empleo, no tiene ningún sentido recortar los horarios de trabajo, encarecer los costos de nómina y desincentivar la necesaria formalización.
Los mensajes del Congreso debían estar orientados a fortalecer los beneficios para las empresas para su formalización. Legislar sin atender la dura coyuntura económica de la pandemia termina por imponer cargas a firmas, fábricas y compañías suficientemente deprimidas y tratando de sobrevivir. Crear empleo será entonces la última de las prioridades.
