La digitalización es una realidad que llegó hace bastante tiempo para quedarse y si queremos hablar de derecho digital, debemos instaurarlo como uno de los temas a trabajar y mejorar en el próximo gobierno que comienza en el mes de marzo.
Si nos enfocamos en infraestructura, vale decir la conectividad y los dispositivos necesarios para conectarnos, la brecha es altísima. Según la OCDE el 18% de los hogares de Chile, que implica aproximadamente 900.000 personas, no tienen ningún tipo de conectividad, un tercio tienen mala conectividad y solo un tercio de la población tiene conectividad de calidad. Además somos el segundo país de la OCDE con mayor desigualdad digital.
Derecho digital
Las politicas de conectividad actuales se deben seguir profundizando; mayor acceso a dispositivos móviles, continuar con el trabajo en obtener redes fijas de alta velocidad, como los proyectos Fibra Óptica Nacional, Fibra Óptica Austral y Última Milla, duplicando los kilómetros de fibra óptica disponible en el país, así como también en redes móviles de última generación como el 5G y donde no haya, implementar más 4G.
Hay que trabajar en enfrentar los miedos y desconfianzas, desarrollando políticas robustas y efectivas de protección de datos y ciberseguridad, junto con espacios de transmisión de estos avances con un lenguaje directo para la ciudadanía y no tan técnico.
Mientras no avancemos en posicionar a la digitalización como un derecho, se seguirán perpetuando las desigualdades estructurales. Internet es un medio que abre oportunidades y la pandemia nos demostró que quién no tiene acceso a su conexión, usos e impactos, pierde espacios de desarrollo.
