Eduardo Ricci Burgos: Smart Lawyers para Smart Cities

Pantalla digital, IoT, patentes esenciales

Cuando se prevé que la población mundial va a alcanzar los 8.500 millones para el año 2030, habrá 9.700 millones de personas en el 2050 y 11.200 millones de habitantes en este planeta para fines de este siglo[1]; y, junto a ello, y para esa misma época, según la OCDE, el crecimiento económico y demográfico tendrá un impacto medioambiental y social sin precedentes, las ciudades y sus habitantes tendrán que enfrentarse a un creciente número de dificultades relacionadas a estos hechos, así como para los que trabajamos en el área del Derecho.

El aumento de la población mundial, sumado a la predilección por los núcleos urbanos y la certeza innegable de la escasez o limitación de los recursos, unido al importante impulso que ha tenido la tecnología, ha dado paso a las ciudades inteligentes o “Smart Cities” con el objeto de crear ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente, como una real solución a estos importantes dilemas a los que ya se ve actualmente enfrentada la población mundial.


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En este contexto, y reconociendo la infinidad de aspectos que involucra una ciudad de estas características, en donde la tecnología ocupa un rol preponderante en el desempeño de la actividad del asesor jurídico, se puede señalar que:

1) Las ciudades hiperconectadas recurren a diario al empleo de la video vigilancia, la domótica, el posicionamiento global (“GPS”), el internet de las cosas y el Big Data en su día a día. En este contexto, el rol del abogado debería tender a entender y salvaguardar el derecho a la protección de la privacidad y su respeto, asegurando una gestión responsable de las nuevas tecnologías en un ámbito tan cambiante como es el de las Smart Cities, en evolución constante.

2) El Big Data y el Open Data permiten adquirir y administrar conocimientos tan profundos del usuario, que sin lugar a dudas son un factor decisivo para generar un importante valor agregado en los negocios, mientras que el internet de las cosas permite que los dispositivos generen información constante, lo que puede ser un problema a la hora de tratar y custodiar los datos generados por ellos.

3) La implementación de políticas públicas y proyectos urbanísticos públicos/privados para las Smart Cities, involucran importantes aristas de financiamiento, medio ambientales, de manejo de residuos, de nuevas energías, y de eficiencia energética; así como también del conocimiento de planificación urbana, construcción, vialidad e interconectividad, desarrollo y utilidad de áreas verdes, entre otras.

4) Por lo anterior, se hacen necesarias y asimismo, surge el desarrollo de nuevas formas contractuales más simples, eficientes y efectivas de plasmar las voluntades de las partes intervinientes en el desarrollo de los negocios que pretenden regular, mediante el uso de términos simples y comprensibles para los intervinientes, así como de tecnología de blockchain en su implementación.

Por lo hasta ahora dicho, resulta innegable que las Smart Cities requieren necesariamente de “Smart Lawyers” cuya asesoría en proyectos e iniciativas de este tipo de ciudades necesitan como requisito esencial, que aquellos posean una visión estratégica integral que le permita comprender los aspectos tecnológicos, operativos y de negocio; que entiendan y aborden la visión desde la óptica de los objetivos de las políticas públicas, y atiendan la sensibilidad de los actores privados que participan en estos proyectos; como asimismo puedan establecer o fijar la planificación y estrategia, definiendo los medios necesarios y los mecanismos para su obtención, los incentivos y desincentivos para la consecución de los objetivos y la medición de su grado de cumplimiento; pero que también conozcan y empleen eficientemente y sin temor a innovar, los diferentes instrumentos jurídico-administrativos y jurídico-privados que permitan crear el marco de colaboración entre los diferentes actores, como por ejemplo, mediante la creación en general de contratos innominados específicos y “Smart Contracts”.

Así pues, la asesoría jurídica de un Smart Lawyer es un constante proceso de aprendizaje y actualización de los nuevos avances y conocimientos, tendiente a aplicarlos directamente en los aspectos derivados de la ejecución de un programa de desarrollo en el entorno de una Smart Citie, lo que incluye entre otras áreas de su desempeño profesional y de sus servicios, la del Derecho Urbanístico, inmobiliario y de construcción; del Derecho Medio Ambiental y Cambio Climático; el despliegue de redes e infraestructuras de telecomunicaciones y regulación de las mismas, de energía y otros sectores regulados; la protección de la propiedad industrial e intelectual resultante del proyecto, así como en el marco contractual para regular la transferencia de tecnología y la utilización de la misma por parte de los distintos interesados; la gestión y gobierno corporativo de asociaciones, fundaciones y sociedades intervinientes; la contratación de recursos tecnológicos e implicaciones jurídicas en el ámbito del derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, y la protección de datos (plataformas tecnológicas para el despliegue del proyecto, captación y tratamiento de datos en comunicaciones, geolocalización, utilización de entornos cloud), entre otros aspectos relevantes de su quehacer jurídico y de los negocios.

[1] https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#:~:text=Se%20espera%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,de%2011.000%20millones%20para%202100.

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