Por Felipe Escalona – gerente general de Activo Austral.
Luego de que el Ministerio de Agricultura anunciara medidas para regular las parcelaciones rurales -lo que ha generado una intensa polémica-, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad que tramita y certifica las Subdivisiones de Predios Rústicos (SPR), emitió un instructivo con 12 puntos a considerar para detectar un eventual «fin inmobiliario» en la subdivisión de un predio, los que hacen casi imposible cualquier parcelación en Chile.
Si bien la regulación es legítima, es absolutamente débil al no hacer referencia alguna a la conservación y al respeto por la naturaleza. Nos preocupa la manera en que se pretenden detener las subdivisiones rurales en nuestro país. Entendemos que hay falta de regulación lo que, sin dudas, ha generado impacto en los ecosistemas del sur de nuestro país, principalmente. Pero es importante advertir que las instrucciones del SAG sólo dejan el camino abierto para permitir subdivisiones con fines de plantaciones de vegetales, crianza de animales y negocios forestales, dejando fuera la conservación que es el eje central del quehacer nuestro. La circular 475 del SAG no da espacio alguno a revisar los famosos ‘loteos brujos’ o a la venta de derechos, que es uno de los argumentos que ha esgrimido el ministerio para congelar las subdivisiones rurales.
Concordamos en que existen inmobiliarias inescrupulosas que han aprovechado la debilidad de la norma, de un decreto ley del año ’80, y de la ilusión de las personas de vivir en un ambiente libre de contaminación que mejore su calidad de vida. Sin embargo, no se puede meter a todos los actores del rubro en la misma categoría, pues habemos varias que estamos haciendo las cosas bien, con miles de hectáreas de bosques nativos preservados y protegidos a perpetuidad con Derecho Real de Conservación (DRC).
Nos parece que el camino que debería seguir el Gobierno para permitir un desarrollo sustentable de cada zona del país -entendiendo que existen diferencias en cada una de éstas-, es incorporar la preservación y conservación en este decreto. Con esta medida se están nuevamente acrecentando las desigualdades dejando sólo la oportunidad a que conserven la naturaleza millonarios sin exigencia alguna de constitución de DRC o planes de conservación, impidiendo que la clase media pueda ser parte activa del cuidado de la naturaleza.
En resumen, esta instrucción golpea a la conservación privada, que es un negocio virtuoso, puesto que esta palabra no está siquiera mencionada en los 12 puntos impuestos por la autoridad. Hacemos un llamado a considerar la conservación dentro de la normativa y a no hacer congelamientos de facto como el que está ocurriendo hoy.
