«Cannabis: mucho que arreglar y mucho para hacer para el nuevo gobierno», es el tema que nos propone José Pizarro, Abogado, Co Fundador de @nem.sin – Skincare con CBD.
Sin dudas, como en casi todos los ámbitos, el gobierno de Alberto Fernández generó más expectativas que políticas públicas serias en torno al cannabis, el gobierno entrante tiene el desafío de corregir varios aspectos fundamentales para el sector y tratar de brindar certidumbre y seguridad jurídica para atraer inversiones y aprovechar una gran oportunidad de posicionar a la Argentina como un actor relevante a escala internacional.
Hemos alertado muchas veces del error estratégico, o incluso, una notoria falta de estrategia para el desarrollo del sector del cannabis por parte del gobierno saliente.
Podríamos comenzar mencionando que lo hecho hasta el momento fue producto de una mesa chica impermeable, donde todo el esquema redactado, e intentado llevar a la práctica, estaba pensado para los mismos que debían regular. Encontramos así una suerte de incompatibilidades desde el aspecto ético donde los reguladores eran también los regulados. Ésta idea difusa de que el Estado debe estar presente en toda la cadena de valor del cannabis es el principal impedimento para la inversión y la generación de empleo genuino. Ésto resultó en decenas de iniciativas públicas, principalmente provinciales y municipales financiadas por el erario público en una situación del país donde las urgencias claramente provienen de aspectos mucho más elementales.
Por supuesto que abogamos por el desarrollo de un sector moderno, aggiornado a los nuevos tiempos y principalmente a las nuevas evidencias científicas y experiencias de otros países mucho más desarrollados, donde la experiencia de legalización y regulación está mostrando grandes beneficios para la sociedad desde varios aspectos, desde la reducción del mercado negro, recordando el grave problema que la argentina tiene en materia de narcotráfico; en el impacto de la salud, donde hay mucha evidencia de la reducción del uso de opioides que impactan positivamente en los costos en materia de salud y soluciones superiores en muchos casos al uso de medicamentos traducionales; en el positivo impacto que tiene la reducción de las causas judiciales, principalmente a los usuarios medicinales de la planta o en el impacto en materia de recaudación, generación de empleo y varias aristas más.
Pero no podemos soslayar que el Estado argentino a nivel nacional, pero también los Estados provinciales, tienen otras urgencias antes de invertir en materia de desarrollo e investigación del cannabis como por ejemplo, como han mencionado varios gobernadores, pagar sueldos de los empleados públicos.
Por supuesto que el Estado debe ser el ente regulador del sector tal como regula todos los otros sectores, pero no debe ser productor y mucho menos inversor del sector. La argentina presenta una escenario superlativo en materia agroindustrial y medicinal para llevar adelante una tarea óptima en el sentido de sentar las bases y ofrecer las herramientas que les permitan a los privados desarrollarse y competir a nivel internacional, cosa que no ha ido sucediendo hasta el momento.
Hubo durante todo el gobierno saliente un mensaje de optimismo maquillado por números falaces en cuanto a la potencialidad del sector para generar empleo y exportaciones. Como ya lo hemos alertado en notas anteriores, el sector del cannabis a pesar de haber tenido un crecimiento exponencial entre el 2018 y hasta pasada la pandemia del COVID por distintos factores, principalmente por la apertura de nuevos mercados y el proceso regulador que se ha visto en muchos países relevantes, pero también es cierto que en los últimos años ese crecimiento viene mermando con similar vehemencia.
Para ejemplificar de una manera sencilla, aquellos Estados de los Estados Unidos que recién inician el proceso muestran un crecimiento significativo los primeros años, pero cuando ya comienzan a madurar, el mercado frena su crecimiento notablemente. Allí tiene el problema que los Estados al ser verdaderamente federales han avanzado a pesar de la lentitud del Gobierno Federal en legislar las propuestas incluso bi-partidistas, encontrando grandes escollos en materia tributaria, pero también de financiamiento y comunicacional.
En Canadá, que sí tiene una legislación federal muy avanzada, en los últimos 3 años han aumentado la devolución de licencias al Estado por no resultar económicamente viables por la alta presión tributaria y los bajos precios de la materia prima causada por el sobrestock principalmente.
Actualmente estamos en presencia de un mercado, que incluso han afirmado muchos especialistas, parece haber pinchado su burbuja. Cosa que creemos no es tan así, sólo que la expectativa que presenta como un nuevo sector fue sobrevalorada y luego corregida por los reguladores para evitar daños económicos considerables.
En materia medicinal, podemos destacar la creación de la empresa estatal de Jujuy que es sin dudas, de vanguardia en materia de calidad, desarrollo e investigación. Comenzó su proceso allá por el 2017-2018 y han logrado ser la primera empresa nacional integrada verticalmente para la producción de aceite medicinal derivado del cannabis. Posee más de 30 hectáreas productivas e instalaciones envidiables, pero también tenemos los aceites de otros laboratorios privados que resultarían más que suficientes para satisfacer la demanda local en materia de salud e incluso para exportar, pero lo cierto es que el mercado internacional es muy difícil de acceder, lo que trajo grandes problemas para productores privados tanto de Estados Unidos, Canadá o incluso Colombia o Uruguay, que fue el primer país del mundo en registrar un medicamento de cannabis, el Epifractán. Si les cuestan a los privados que ingresaron antes y lograron el mismo status que la empresa comandada por el hijo del Gobernador, tienen allí un verdadero desafío de carácter comercial encarado por una empresa estatal.A competir se ha dicho.
Luego aparecieron múltiples proyectos públicos o mixtos con similares aspiraciones, inversiones y financiamiento público que resultan, a nuestro criterio, completamente ineficientes en el estado de cosas que presenta el sector a nivel internacional y en cuanto a la demanda local.
Hemos criticado también fuertemente la ley 27.669 y su tan demorada reglamentación que no han aportado mucho para el desarrollo del sector, la creación de la Agencia Regulatoria ARICCAME como una barrera burocrática de entrada más no logró su cometido ya que el resto de los organismos intervinientes no cedieron sus potestades de aplicar sus normativas y tasas internas, por lo que no hicieron más que sumar más problemas para los privados que buscan desarrollarse y exportar productos al mundo.
La escueta reglamentación lograda por la presente administración y los comentarios desafortunados de quien preside la Agencia, el Intendente de Castelli y hombre cercano a Massa, Francisco Echarren, pusieron de manifiesto que el intendente no posee los mínimos conocimientos técnicos para propiciar un sano desarrollo del sector cuando afirmó que si el desarrollo del cannabis medicinal era un éxito, entonces el uso recreativo sería una realidad para la Argentina.
Ridícula comparación influenciada por las ganas de hacer “nuevos negocios” más que por los datos sanitarios y sociológicos de la ciudadanía que en gran medida, a causa de la desinformación, considera al cannabis como una única cosa, una droga que tiene efectos medicinales.
Es menester que el nuevo gobierno piense primero cuál es el camino que quiere recorrer en la materia, como se debe concientizar y comunicar sobre el uso del cannabis diferenciando nítidamente los 3 principales ejes del sector, el industrial, el medicinal y el recreacional, y a partir de una hoja de ruta consensuada, debería promover con fuerza el desarrollo industrial del cáñamo primero, pues allí hay grandes oportunidades en un mercado mucho menos regulado que los otros. En cuanto al medicinal, debería promover la libre competencia, pues será la mejor manera de que la población se eduque a través de los desarrollos productivos privados apoyándose en los especialistas médicos y en las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan hace décadas en el desarrollo de productos dirigidos a satisfacer esas necesidades, y sentar las bases para una seria discusión sobre el uso adulto responsable al mismo nivel como están considerados el consumo de alcohol y del tabaco como otra actividad recreativa más, lo cual es una realidad objetiva, que como un elefante dentro de la habitación merece ser visibilizado y tratado y regulado, procurando que el sector en su totalidad desarrolle y promueva campañas de concientización, prevención y protección de los jóvenes.
