«Cannabis: Balance de una gestión manchada por amiguismos y ambición estatal», es el tema que nos propone José Pizarro, Abogado, Director de Future Farm Hemp Argentina.
El balance puede resumirse a grandes rasgos en “grandes promesas al sector, pero enormes favores a los propios”. Si bien debe destacarse el gran esfuerzo de muchos bien intencionados, algunos avances relevantes exigidos por una gran comunidad proactiva y alcanzados por todos, también debe destacarse la monopolización del sector público cubierto con vestimentas ajenas que opacaron muchos de esos esfuerzos y tiraron por la borda tanto tiempo invertido en discusiones contra posiciones sesgadas dominantes y sobretodo, soberbias, de los actores del gobierno y sus amigos. El balance no sería del todo negativo, pero sí completamente improductivo en términos de negocios, inversiones, empleo y desarrollo del mercado interno tan necesario. El sector del Cannabis requerirá de una revisión completa de la estrategia, de la reglamentación vigente y una mayor transparencia de la gestión, porque a las claras, la estrategia de la mesa chica trajo como resultado maniobras discrecionales y contraproducentes para el desarrollo genuino.
El sector del cannabis legal en Argentina renació con la sanción de la ley 27.350 allá por el 2017 durante la gestión del Presidente Macri. Para entonces, ese avance había resultado monumental debido a que por primera vez había un reconocimiento expreso del Estado Argentino para con los beneficios medicinales de la planta.
La ley 27.350 y su reglamentación fue fuertemente criticada inicialmente, ya que, a pesar de instaurar un sistema de investigación y desarrollo para la industria y la venia para la utilización de productos derivados del cannabis por parte de pacientes con epilepsia refractaria, no resultó ser suficiente para los usuarios por la imposibilidad de acceder a medicamentos a base de cannabis en el mercado local, por lo que debían importarlos, mediante el sistema de uso compasivo, cuyo costos muchas veces era inaccesibles para los usuarios o debían seguir funcionando en la clandestinidad de sus cultivos.
El Gobernador Gerardo Morales tomó la iniciativa de desarrollar una planta productiva en la Finca El Pongo en Perico, Jujuy, donada al Estado con la condición de destinar sus ganancias al hospital Zabala. A pesar de intentos previos fallidos para hacerla productiva, Morales estableció Cannava SE, una empresa estatal para el cultivo de cannabis, un proyecto significativamente ambicioso en infraestructura y costos operativos, desafiando un mercado internacional desfavorable. Aunque en su concepción, el mercado del CBD tenía un valor muy alto, la reforma federal en Estados Unidos en 2018 permitió un exceso de producción, haciendo que el precio del CBD cayera drásticamente de USD 30,000 a USD 400 por kilogramo. Mientras Morales avanzaba con su costoso proyecto, afirmaba un crecimiento continuo del mercado del cannabis, a pesar de la realidad de una desaceleración posterior a la pandemia y la incertidumbre causada por el exceso de stock en EE. UU. y Canadá, menor regulación en mercados como Europa y nuevas proyecciones de precios a corto y mediano plazo, desafiando las malas experiencias de otros países como Colombia o Uruguay en términos económicos..
Luego comenzaría la gestión de Alberto Fernández y pondría al asunto como bandera política la cual fue aplaudida por varios gobernadores. La estrategia legislativa fue encabezada por la Diputada Carolina Gaillard, entre otros, y en el ámbito del ejecutivo por el ex Ministro Kulfas.
Siguiendo el modelo de Morales e intentando captar inversores a fuerza de querer hacer negocios con el cannabis con participación estatal, se crearon una catarata de iniciativas públicas provinciales y municipales que veían su aplomo jurídico e incentivos extras en la reglamentación complementaria que sacaría el Presidente Fernández en 2020 para expandir el uso del cannabis hacia cualquier patología, la creación del Registro del Programa Nacional del Cannabis REPROCANN autorizando el autocultivo. Luego, a fines del 2021 la ANMAT autorizó el uso del CBD en los productos cosméticos.
Luego vino la tan ansiada ley 27.669 del Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industria, que establecía las bases para la industrialización y comercialización de la planta para las variantes autorizadas en la ley, ésto es, el cáñamo industrial con hasta 1% de THC (componente psicotrópico) y el cannabis medicinal (CBD y THC). Pero a las claras, la reglamentación siempre contempló primero las necesidades de los gobernadores e intendentes participantes del sector, como también de algunas personas muy allegadas a la mesa chica del sector, en lugar de primar el desarrollo en pos de una mejor asistencia al ciudadano a cuanto a sus derechos en salud y para el beneficio de la economía estimulando un sector que podría estar calando en punta en la región.
Como se ha advertido muchas veces a lo largo de éstos años de observar los pasos regulatorios del sector, debe considerarse un grave error la reglamentación que se estructuraba a los gustos y necesidades de quienes hacían política con el cannabis, principalmente provincias y municipios, dejando al margen a un sector privado deseoso de invertir y generar empleo de calidad. Se advertía, y se sigue advirtiendo, la falta de incentivos y herramientas hacia los emprendedores que buscan crear empresas y exportar valor, y la contrapartida los deja en graves desventajas a la hora de competir contra las iniciativas públicas, quienes accedían a autorizaciones para desarrollar el cannabis en sus territorios, emitidas por organismos nacionales, y que funcionaron en la práctica como una fuerte barrera de entrada para los proyectos privados no alineados a la política servil. Es como el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, donde gozaba hasta ahora del monopolio de los cielos, perjudicando a las aerolíneas privadas que pretendían operar en territorio argentino. Hoy tenemos distintas “aerolíneas” provinciales y municipales en materia de cannabis y muy poca capacidad productiva que genere valor real.
Así fue como el Intendente de Castelli y alfil de Sergio Massa, Francisco Echarren terminó ocupando la silla de Presidente de la Agencia Regulatoria, que entre otras cosas, además de emitir Licencias y Autorizaciones, debía controlar a su propio Municipio. No sólo debe destacarse la falta de idoneidad de Echarren resaltada en sus incorrectas manifestaciones públicas en donde equiparaba el uso medicinal del cannabis con el uso recreacional, sino que además debe destacarse su posicionamiento en ambos lados del mostrador, regulador y regulado.
Luego proliferaron decenas de otras iniciativas provinciales y municipales como la de Misiones, Santa Fe, La Rioja, Chubut, Rio Negro, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba, General Madariaga, etc. Todas ellas enmarcadas en autorizaciones emitidas por diferentes estamentos del Estado, Min. de Salud, INTA, CONICET, INASE, etc. para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal principalmente, pues permite el cultivo de plantas con alto contenido de THC para investigación medicinal y algunas pocas iniciativas en el marco del cáñamo industrial sin THC o muy poco. Privilegio que les permitió entrar en un régimen simplificado al establecido en la reglamentación de la ley marco Nro. 27.669. Poco se sabe sobre qué es lo que han hecho estos años con las toneladas de cannabis que han producido dichos emprendimientos públicos.
La falta de consenso en el tratamiento de los diferentes aspectos de la planta por parte de los organismos sanitarios encabezados por la ANMAT, resultó en un escollo a tanto entusiasmo. Los funcionarios advirtieron, a medida que avanzaban las negociaciones con los organismos técnicos, que el negocio no era tan fácil como se esgrimía insistentemente desde la Secretaría de Desarrollo Productivo en un inicio. Ese contexto, sumado a la falta de una estrategia clara por parte del gobierno nacional, terminó demorando la reglamentación de la ley 27.669 por más de 10 meses, y lo que sacaron consecuentemente, resultó ser un verdadero fiasco, a las apuradas, una regulación escueta y reprobada por los analistas del sector. En dicha reglamentación quedaba en evidencia la falta de consenso entre los organismos públicos por la competencia primaria de la planta y la falta de un norte claro.
Todos los organismos competentes se han reservado en dicha reglamentación el derecho de aplicar su normativa interna y sus tasas en los expedientes relacionados con el desarrollo de la industria, por lo que la creación de una ventanilla única (ARICCAME) para el sector es meramente la interposición de un nuevo aparato burocrático estatal para quienes buscan desarrollarse en el sector, y una nueva barrera de ingreso, pero controlada principalmente por el Poder Ejecutivo que no cuenta con la experiencia ni especificidad suficiente, ni mucho menos autonomía operativa, para regular la planta. No tiene ningún sentido mantener la ARICCAME con ésta coyuntura, pero si se reforma y si se alcanzan los consensos necesarios con el resto de los organismos intervinientes para facilitar el desarrollo del sector, puede ser una buena idea.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia y ante las manifestaciones sobre la crisis económica que atraviesa el país y el recorte fiscal anunciado por las nuevas autoridades, el modelo actual, donde el monopolio del sector básicamente recae sobre empresas públicas que no podrán seguir contando con la asistencia del gobierno nacional, parece sentenciado a un grave fracaso.
Hoy, las empresas que desarrollan productos derivados no encuentran un gran atractivo comercial en el mercado local, ya que por ejemplo, la empresa de Jujuy, que acaba de lograr la homologación para comercializar en todas las farmacias del país, dona al sistema sanitario de su provincia los aceites que produce y la lista de pacientes que podría llegar a comprar sus aceites bajo receta es muy corta, pues debe competir, por ejemplo, con las más de 200 Asociaciones Civiles constituídas éstos últimos 2 años que cumplen con ese rol de ofrecer a los pacientes del cannabis gratuitamente y no necesitan receta médica para expedir a sus pacientes registrados, además, las empresas públicas que producen aceites medicinales cuentan con 2 fuertes competidores privados, el laboratorio ELEA y Alef Medicals. Será por razones parecidas que en Estados Unidos sólo hay 1 medicamento a base de cannabis registrado por la FDA, el EPIDIOLEX y no 5 como en Argentina.
Con bajas ventas, sin lograr aún colocar su producto en los mercados externos, el déficit operativo de las empresas públicas debe ser de gran preocupación para los gobernadores e intendentes que apostaron fuertemente a la industria comprometiendo fondos públicos, sin tener bien en claro las dificultades implícitas en el mercado internacional del cannabis.
Sin lugar a dudas, el sector debe priorizar el desarrollo, la innovación y la satisfacción del sistema público de salud, sin embargo, todos estos objetivos pueden, y deben ser satisfechos por un sector privado que apueste a la potencialidad argentina agroindustrial, invirtiendo capitales frescos, comunicando, concientizando y educando a la población, y generando valor agregado e ingresos genuinos a las arcas del país. Ya hemos aprendido en varias oportunidades que las empresas estatales no suelen encontrar grandes incentivos para innovar o invertir en marketing, publicidad, etc. y en participar, de una sana competencia comercial que estimule el crecimiento, cuando meramente reciben fondos públicos y rinden pocas o nulas cuentas por sus gastos.
El sistema de desarrollo estatal pretendido por las autoridades argentinas, fue, es y será un grave error, es momento de cambiar la perspectiva y fomentar un sector que atraiga inversiones y ayude a consolidar un nuevo rubro a la matriz productiva argentina para posicionarnos nuevamente, y de una buena vez, como líderes de la región.
