¿Se puede regular las redes sociales en México? Esto dicen los expertos

El pasado lunes 8 de febrero, el senador Ricardo Monreal divulgó su propuesta de iniciativa para regular las redes sociales en México. Se trató de un documento de 52 cuartillas que buscaba reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al día siguiente, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, después de recibir críticas y cuestionamientos, convocó a la sociedad a informarse, participar y enviarle comentarios para enriquecerla. Esperará tres semanas para recabar todas las opiniones y presentar un nuevo proyecto.


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El plazo está pronto a cumplirse. Son distintas las posturas y dudas que se tienen sobre el tema, comenzando por la sospecha de que se busca censurar cuentas o personajes incómodos, o bien, que el Estado quiere limitar la libertad de expresión de los usuarios.

Por ello, Tec Review consultó a expertos en el tema para responder nuestras dudas.

¿Las redes sociales se pueden regular en México?

“De que se puede, se puede, eso es un hecho”, dice Raúl Vázquez Romero, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “si un gobierno decide limitar o controlar cualquier tipo de servicio informático, por supuesto que se puede”.

El investigador en comunicación y redes sociales dice que los alcances de estas posibles modificaciones son difíciles de vislumbrar, ya que están inmersos en derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por ello, un debate sobre el tema no solo es necesario, sino urgente.

Lo primero que se debe tener claro es que la regulación de las redes sociales –por ejemplo, en Estados Unidos– ha sido controversial, por la manera en la que el artículo 230 de la Ley de Decencia en Telecomunicaciones de ese país da cierta inmunidad a los servicios de telecomunicaciones, respecto de lo que hacen los usuarios con las plataformas.

“En este artículo se define que las plataformas, como las redes sociales y muchas otras, en realidad no son responsables de los contenidos de sus usuarios, es decir, no son editores ni creadores, sino que simplemente son proveedores de un servicio”, explica el experto.

Y si bien es cierto que el Parlamento Europeo, Estados Unidos y otras naciones han apostado por regular estas plataformas, la realidad es que no ha sido tarea fácil.

En los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, el tema volvió a ocupar un espacio en la agenda pública, cuando se señaló que el artículo 230 de la Ley de Decencia tiene un vacío.

“(Trump) cuestionó que, si las redes sociales se definían a sí mismas como plataformas de telecomunicaciones y no como editores, entonces ¿por qué etiquetaban sus contenidos como potencialmente falsos? o ¿por qué lo censuraban y le bajaban contenidos a él o a algunos de sus seguidores?”, recuerda Vázquez Romero.

¿Qué significa esto?, pues que efectivamente están editando las publicaciones y –por eso– no pueden ser solamente tratados como una empresa que solo ofrece un servicio…también ofrecen contenidos.

Turquía, un ejemplo cuestionado

La discusión sobre la regulación de las redes sociales no es nueva. En distintos países se ha discutido y se han logrado leyes al respecto, por ejemplo, Turquía.

En julio de 2020, el Parlamento turco aprobó una ley que endurece el control del gobierno sobre las redes sociales.

Entre otras cosas, la legislación aprobada exige a las plataformas que sus servidores estén físicamente en territorio turco.

También, es necesario que todas aquellas empresas que quieran tener presencia en el país euroasiático deben tener un representante de nacionalidad turca. Y un tercer elemento –el que mayor preocupación genera– que los servidores deben estar a disposición del gobierno turco.

“Esto es extremo; porque básicamente el gobierno turco va a decidir que sí y que no se puede expresar y eso es justo una de las cosas que no podríamos permitir”, advierte el investigador Vázquez.

Así, entonces, al debatir sobre la regulación de las redes sociales, uno de los puntos que no se deben perder de vista es que hacerlo abriría la puerta para que hubiera censura, de cualquier tipo, porque las legislaciones vigentes se podrían tergiversar o modificar a modo de que cualquier contenido incómodo pudiera desaparecer.

Otra cosa que no se puede dejar de lado es que, bajo la bandera de que las redes sociales solo son proveedoras de un servicio de telecomunicación, las plataformas se han “lavado las manos” argumentando que ellos dejan que sus usuarios publiquen lo que quieran, una afirmación que no es del todo cierta, porque ellos mismos han bajado contenidos más allá de los mensajes de odio y demás reglas comunitarias que se han adoptado.

“Esto lo que nos hace pensar que tampoco las redes sociales deberían decidir quien sí y quien no puede publicar, porque si bien es un empresa privada, también es cierto que es un espacio que se ha convertido en un elemento fundamental para la democracia”, subraya el investigador.

“Son muy importantes este tipo de espacios públicos digitales que, si bien tienen un dueño, tienen un bien mayor que es la discusión pública; el derecho al acceso de información, la libertad de expresión. Las redes sociales tienen un compromiso social que no han querido aceptar”.

 

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