La recaudación de impuestos de grandes empresas en el país ha sido uno de los temas prioritarios durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y ante ese contexto, compañías como Walmart e IBM firmaron un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
A partir de este acuerdo, las empresas establecieron el compromiso de seguir contribuyendo conforme lo dictan las leyes tributarias del país, además de que representó una invitación a la sociedad a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Walmart firmó el acuerdo el martes 7 de julio y al día siguiente publicó el aviso en un diario de circulación nacional, en donde puntualizaron que el pago se había hecho por la cantidad de 8,079 millones de pesos al Servicio de Atención Tributaria (SAT), con lo cual refrendaron su compromiso de operar con apego al marco legal, “tal y como deben hacerlo todas las empresas”.
Con este pago realizado el 25 de mayo, la empresa liquidó sus obligaciones fiscales relacionadas con la venta de El Portón y Vips al grupo Alsea. Asimismo, la compañía aclaró que con esta operación saldaba sus compromisos de la venta de VIPS en 2014. Otro punto que detallaron es que dicho pago quedaría registrado en el estado de resultados consolidado de tres meses, el cual terminó el 30 de junio.
A partir de esta acción, Walmart se sumó a siete empresas siderúrgicas que a finales de 2019 también firmaron un acuerdo reparatorio para pagar 2,000 millones de pesos. En el casos de estas compañías, los avisos se publicaron en diversos diarios de circulación nacional a inicios de año.
IBM México, por su parte, dio a conocer que había firmado el acuerdo la semana pasada. En su caso, fue por un pago de 669 millones de pesos, con el cual regularizó su adeudo con el SAT; sin embargo, según información del diario El Universal, todavía no ha publicado el aviso, tal y como lo exige el convenio para dar como finalizado el caso.
Cabe mencionar que dicho acuerdo reparatorio se celebra entre la víctima y el imputado. Su objetivo es el de terminar con una acción penal. En este caso, el gobierno federal es la parte ofendida, a causa del daño al erario que conllevó el no pago de las contribuciones en que llegaron a incurrir las empresas.
Estas disposiciones se encuentran reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque no proceden en todos los casos, pues según el artículo 187, no se pueden celebrar acuerdo reparatorios en casos de contrabando, defraudación fiscal, así como la expedición, venta, compra, enajenación o adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Otro ejemplo de empresas que aún deben completar el proceso es Fomento Económico Mexicano S.A.B de C.V. (FEMSA), la cual, el 29 de mayo, anunció un pago de impuestos por 8,790 millones de pesos. Además, la dueña de Coca-Cola y OXXO, entre otras, dijo que acordó este pago tras “finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales”.
También la minera Fresnillo anunció que pagó al SAT sus adeudos, los cuales ascendían a unos 4,500 millones de pesos, por concepto de exploración, prospección, descubrimiento, desarrollo y extracción de minerales.
Además, la empresa de automóviles Toyota también se sumó a la lista de las compañías que han cubierto sus deudas con el fisco mexicano, informó el pasado 9 de junio. No obstante, aún se desconoce el monto del pago, ya que la cifra no ha sido revelada.
