Walmart de México y Centroamérica, Alsea y Maxcom analizan responder de manera legal contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que les solicitara una liquidación superior a 15 mil millones de pesos en conjunto entre las tres empresas, por operaciones realizadas en ejercicios fiscales de años anteriores, lo que amenaza con impactar su flujo operativo anual, conocido como EBITDA, por sus siglas en inglés.
Estas y otras compañías están dispuestas a llevar a tribunales las requisiciones que haga el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al considerar que cumplieron en tiempo y forma con sus declaraciones de impuestos, según especialistas y consultores.
En el caso de Maxcom, se le requiere un pago de 631 millones de pesos, cuyo monto representa 2.5 veces más del flujo anual que genera la empresa de telecomunicaciones.
El reclamo del SAT se debería a que no quedó acreditada la materialidad e indispensabilidad de las operaciones celebradas con dos de sus proveedores de terminación de llamadas internacionales.
La administración federal señala que, en términos generales hay un billón 200 mil millones de pesos en litigio debido a que grandes empresas usan la consolidación fiscal, servicios tecnológicos, regalías, entre otras medidas para anular su deuda fiscal.
Sin embargo, las empresas sostienen que cumplen con los lineamientos que les permite la ley.
“Creo que es normal, si la empresa tiene argumentos jurídicos para no aceptar estos requerimientos es un proceso lógico, no sólo pasa a nivel SAT, sino también en otras medidas por parte de reguladores del sector como puede ser la Comisión Federal de Competencia Económica o Instituto Federal de Telecomunicaciones”, dijo Fernando Bolaños, gerente de análisis de Monex Casa de Bolsa.
Por su parte, Miguel Ángel Temblador, socio de impuestos corporativos de KPMG en México, aseguró que las empresas pueden acudir con distintos argumentos a la autoridad fiscal, además de buscar apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) como tercer observador, para defenderse
“El contribuyente puede ir a un recurso de revocación, dentro del mismo SAT, es un área jurídica para dar los argumentos para resolver respecto al tema con base en la ley, ahí se decide si prevalece el recurso de revocación”, dijo.
Si Prodecon no funciona, explicó el experto de KPMG, es posible llegar a un acuerdo conclusivo para ambas partes o ir directamente a los tribunales para poder presentar en ambos casos sus argumentos.
En el caso de Alsea y Walmart, a ambas compañías el SAT les hizo una revisión de los aspectos fiscales relativos a la operación de compra-venta de la división de restaurantes Vips, que originalmente era de la cadena de tiendas y ahora es del operador de restaurantes.
A la operadora de restaurantes el SAT le requirió 3 mil 881 millones de pesos, lo que presenta el 65.8 por ciento más de lo que genera la empresa de EBITDA en un año.
Mientras que a Walmart se le pide 10 mil 559 millones de pesos, casi 15 por ciento de su flujo.
“Nos queda muy claro a todos la política que está siguiendo la autoridad con estos parámetros y obviamente como quieren dar resultados, pues se van con sectores que en corto tiempo les pueden dar el resultado rápido y por los montos”, sostuvo Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
América Móvil se protege
A diferencia de Walmart, Alsea y Maxcom, la empresa de telecomunicaciones controla Carlos Slim quiso darle prisa al momento y prefirió pagar anticipadamente 8 mil 289 millones de pesos para evitar problemas más adelante con la autoridad fiscalizadora.
“En estos momentos hay tres tipos de casos, por un lado, están los contribuyentes (como América Móvil) que comenzaron a pagar sus impuestos correspondientes al año fiscal, mientras que hay otros que están por un proceso de auditoría y tercero son aquellos del listado de empresas o contribuyentes que emiten comprobantes sin activos, personal o infraestructura”, comentó Miguel Ángel Temblador.
América Móvil explicó que de manera voluntaria presentó en diciembre del año pasado al SAT el aviso para dejar de tributar bajo el Régimen Opcional de Grupo a partir del ejercicio fiscal 2020, pues identificó a 66 sociedades que dejarían de tributar bajo dicho régimen, junto con el impuesto que cada una tendría que anticipar al órgano desconcentrado de la SHCP derivado del diferimiento tomado para los ejercicios fiscales 2016-2019.
Este régimen consiste en el diferimiento hasta por tres años del ISR, a partir de un estricto control del impuesto causado por la sociedad integradora y cada sociedad integrada, pero con los cambios del nuevo gobierno, prefirió regresar al régimen anterior.
