Tres años después de haber emprendido esta travesía, existe evidencia de que el sector privado reconoce, cada vez más, su rol y su responsabilidad para controlar la corrupción. Los resultados que el IC500 ha arrojado, año con año, denotan este compromiso: con respecto a 2017, ahora hay 58% más empresas con un programa anticorrupción, 97% más organizaciones que declaran, públicamente, su compromiso de cero tolerancia contra la corrupción e, incluso, 388% más compañías que tienen definiciones de corrupción. El promedio general de estas empresas –‘Las 500 más importantes de México’, según Expansión–, en tres años, pasó de 36 puntos sobre 100 en 2017, a 57 puntos sobre 100 en 2019.
El cambio ha sido significativo, sin embargo, el reto continúa: conocer cómo funcionan estas políticas en la práctica, e identificar qué sirve y qué no de las políticas de integridad corporativa que el sector privado está adoptando, es necesario para poder decir que éste ha asumido su rol y su responsabilidad en el control de la corrupción.
Esto nos incentiva a continuar con nuestra labor. Por eso es que, este año, iniciamos un ejercicio de revisión sobre algunos ejes del IC500 que, desde nuestro punto de vista, son cruciales para la efectividad de una política de integridad corporativa.
Y es que no hay que olvidar que el tema de corrupción en el sector privado no es un asunto nuevo: una cadena de grandes escándalos de corrupción se ha ido develando en las últimas décadas, empezando por la alemana Siemens que, desde 1996, pagó sobornos para ganar licitaciones y mantener contratos en países como Argentina, España, China, Japón, Rusia, Nigeria y Grecia, y hasta fechas recientes, que en México se conocieron sobornos de Walmart y escándalos de lavado de dinero del crimen organizado en HSBC en la primera década del nuevo siglo.
El común denominador es que en todos estos casos existieron autoridades de diversos países, cuyos marcos legales les permitieron investigar a las empresas y a sus directivos, y los obligaron a pagar multas millonarias y a comprometer acciones para evitar una repetición de los hechos. Por ejemplo, sólo en España, Siemens pagó en multas 1,500 millones de euros, más de tres veces el monto de los sobornos detectados.
En estos grandes escándalos hubo delatores internos, quienes decidieron ventilar los sobornos –ya sea ante la autoridad o ante los medios– con grandes costos para las empresas. Walmart y Siemens siguen en el negocio, pero con cada investigación de corrupción las empresas pierden clientes, acreedores, socios y reputación. Si bien 90% de las compañías considera que sabe lidiar, exitosamente, con una crisis derivada de escándalos de corrupción (Kroll, 2019), lo cierto es que, además de las pérdidas directas de negocio, el mundo exige, cada vez, mayor responsabilidad por parte de los corporativos en los grandes temas, incluyendo corrupción, medioambiente y contribuciones a causas sociales en las comunidades donde operan.
De haber contado con una mejor cultura de integridad corporativa y con mejores mecanismos de denuncia, estas empresas, posiblemente, habrían detectado comportamientos indeseables e ilegales con más anticipación. Siguiendo con el ejemplo, Siemens emitió una serie de comunicados, entre 2006 y 2009, en los que reconocía que sabía que existían riesgos y conocía las malas prácticas en los mercados en los que operaba. Pero, más importante, manifestaba no haber actuado con suficiente contundencia para prevenir los hechos de corrupción. Aun a la luz de los grandes escándalos de corrupción desde hace –al menos– tres décadas, muchas de las empresas más grandes siguen sin aquilatar la importancia de tener sistemas de denuncia abierta, pública y accesible.
Los sistemas de denuncia, las sanciones específicas para cada conducta de corrupción, o bien, las reglas para donaciones políticas y sociales, son elementos que, con más frecuencia, se mencionan en las Políticas de Integridad Corporativa, pero éstas no son suficientemente claras para que los usuarios –internos y externos– sepan qué se espera de ellos y cómo actuar para preservar la integridad en la operación de las empresas. La integridad corporativa avanza en existencia y publicidad, pero todavía no es suficiente.
No basta con denunciar, tiene que haber consecuencias.
Para que las denuncias tengan sentido, deben tener consecuencias, tales como procesos internos y cooperación con la autoridad, a fin de aminorar el daño por el acto de corrupción detectado. Las sanciones impuestas a empresas tienen el doble propósito de resarcir el daño y desincentivar la repetición del hecho. De acuerdo con el IC500, 70% de las 500 empresas analizadas establecen sanciones internas ante cualquier violación a su código de conducta.
POR: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
