Tras el asalto de sus seguidores al Capitolio, Donald Trump ha perdido cada vez más espacios digitales. Sin duda, la pérdida más grande es su cuenta de Twitter, donde compartía con sus más de 88 millones de seguidores mensajes sobre un fraude electoral en su contra que jamás fue confirmado.
Además, Facebook suspendió sus cuentas en la red social y en Instagram, también propiedad de Mark Zuckerberg. YouTube, parte de Google, cerró el martes el canal del presidente estadounidense. Aunque la decisión fue celebrada por muchos, varios gobernantes en el mundo levantaron las cejas.
No es la primera vez. Varios países del mundo han buscado limitar el poder económico y político que las empresas de tecnología, en su mayoría estadounidenses, han acumulado a lo largo de los años. Estos son algunos de los enfrentamientos.
Twitter, Trump y la libertad de expresión
Varios líderes europeos reaccionaron al veto de Donald Trump en las plataformas digitales. Criticaron que las empresas privadas limiten la libertad de expresión de un gobernante, pero celebraron que reconozcan su papel en defensa de la democracia.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, consideró que la decisión es «problemática» ya que muestra la omnipresencia de las plataformas en términos de libertad de expresión.
«Es posible interferir en las libertad de expresión, pero según límites definidos por las leyes, y no por la decisión de una dirección de empresa», explicó Steffen Seibert, el vocero de la canciller, en una conferencia de prensa el 11 de enero.
Desde el Parlamento Europeo, la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, dijo a la agencia EFE que «se trata de encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión —que es un derecho fundamental— y la protección de la democracia»
«El problema que plantea el bloqueo de las redes sociales de Donald Trump es permitir que sean las plataformas las que decidan dónde está esa delicada línea», porque «más allá del código ético de una empresa privada, deben ser las leyes las que delimiten dónde comienzan los delitos de odio y la desinformación interesada»
La nota discordante en esta opinión mayoritaria la da la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del ámbito digital, Margrethe Vestager, que en una entrevista al Washington Post avaló el veto de Twitter y Facebook a Trump.
Esta es, evidentemente, la más extrema de las situaciones extremas, que el presidente de Estados Unidos esté incitando a la gente a marchar contra el Congreso. (…) Acepto completamente que esta es una situación extrema y se han sobrepasado las líneas», explicó.
Vesteger, del Partido Liberal, criticó a las plataformas por no haber actuado antes contra los mensajes de Trump y hacerlo sólo a pocos días de que finalice su mandato, aunque dice que en Europa, los usuarios bloqueados tendrían la opción de acudir a los tribunales.
El gobierno de Rusia aseguró que prohibir las redes sociales a Trump es comparable a una «explosión nuclear» en el ciberespacio.
«No son las destrucciones las que dan miedo, sino las consecuencias», aseguró la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, estimando que «se ha dado un golpe a los valores democráticos preconizados por la sociedad occidental”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la decisión de Twitter y Facebook equivale a un acto de censura.
«No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial por sus alcances de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar», señaló el miércoles en su conferencia de prensa matutina.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció este jueves que pretende coordinar con los países miembros del G20 una propuesta conjunta contra las restricciones a usuarios en redes sociales.
Ebrard aseguró que ha contactado a otros líderes que «piensan igual», como Merkel, y a las naciones del G20, un grupo integrado por 19 países industrializados y emergentes más la Unión Europea.
El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, defendió el miércoles como «una decisión correcta» el veto a Trump tras el ataque al Capitolio, pero agregó que sienta un precedente peligroso: «el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global».
India, México, WhatsApp y su nueva política de privacidad
Las gigantes de Silicon Valley empiezan a tener problemas en la India. WhatsApp está luchando contra la desconfianza a nivel mundial después de que actualizó su política de privacidad para permitirle compartir algunos datos de los usuarios de esta plataforma de mensajería con Facebook y otras empresas del grupo fundado por Mark Zuckerberg.
La reacción del mercado hindú, donde 400 millones de usuarios intercambian más mensajes que en cualquier parte del mundo, ha obligado a WhatsApp a aclarar e invertir varios millones de rupias en publicidad para defender su actualización. Mientras, el gobierno de la India llamó a los usuarios de la aplicación a reconsiderar su uso.
De manera similar lo hizo el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México.
«Al aceptar, los usuarios permitirán que WhatsApp comparta ciertos datos para que prestadores de servicios tecnológicos como Facebook o terceros puedan tener acceso a las mismos e inclusive que los contratantes de estos servicios puedan almacenar los mismos a través de los servicios prestados», alertó el organismo autónomo.
La UE y las leyes de competencia
La Unión Europea (UE) dio a conocer en diciembre un borrador de reglas dirigidas a empresas como Google, Amazon y Facebook que podría amenazar la forma en cómo hacen negocios en la región, pues plantean prohibiciones y multas dentro del continente europeo.
La jefa de competencia de la UE, Margrethe Vestager, dijo que los proyectos de ley del bloque para regular internet tenían como objetivo traer «orden al caos» y controlar a los «guardianes» en línea que dominan el mercado.
En febrero la UE evaluará nuevamente la regulación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), con el fin de robuctecer la regulación a las tecnológicas.
Dentro del documento, Bruselas pretende impedir que las empresas de tecnología obliguen a los usuarios a instalar aplicaciones para poder usar servicios concretos que puedan impedir el libre acceso a información y en caso de no acatar estas reglas, las multas podrían acceder al 10% de las ganancias que genere cada tecnológica en el mercado europeo.
Otra regla, la de servicios digitales, obligará a las tecnológicas a eliminar lo más rápido que pueda el contenido ilegal de sus páginas web, aunque sea contenido de terceros con el fin de que den más transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que controlan la información que ven los usuarios. Sobre las multas que traería esta regla, aún no hay detalles concretos.
La propuesta presentada en diciembre aún debe ser rectificada por los 27 estados miembros del bloque y del Parlamento Europeo, por lo que no se trata de nada definitivo.
Reino Unido, que abandonó la Unión Europea a principios de este año, también se está sumando a la medida.
Estados Unidos, Facebook y los monopolios
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) presentó en diciembre de 2020 una demanda a Facebook por posibles prácticas monopólicas.
a fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó que el gigante de las redes sociales ha dañado la competencia al comprar compañías más pequeñas como Instagram y WhatsApp para aplastar la amenaza que representaba el negocio.
Los demandantes buscan que Facebook venda estas dos compañías y con ello se restaure la competencia, ya que argumentan que los usuarios gozan de menos alternativas de redes sociales a su disposición. Las dos demandas son el resultado de investigaciones independientes, pero se espera que los esfuerzos se coordinen.
Por su parte Facebook indicó que la medida es una ley que castiga a empresas exitosas y puede demeritar en la innovación que se genera en las compañías.
En un comunicado publicado por la tecnológica, la vicepresidenta y asesora general de la compañía, Jennifer Newstead, señaló que Facebook invirtió miles de millones de dólares para hacer de Instagram y WhatsApp lo que son hoy.
Newstead también advirtió «el gobierno ahora quiere una revaluación, enviando la alarmante señal para las empresas estadounidenses de que ninguna venta es definitiva”.
Facebook adquirió a Whatsapp en 2014 por 19,000 millones de dólares y a Instagram hace una década por 1,000 millones de dólares.
En un testimonio ante el Congreso, Zuckerberg defendió estas adquisiciones, diciendo que su plataforma de redes sociales los ayudó a expandirse de pequeñas e insignificantes empresas a potencias.
Francia y los impuestos digitales
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido uno de los grandes impulsores de los impuestos digitales. El líder francés afirma que fiscalizar a las grandes empresas de tecnología es una cuestión de justicia social.
Macron empujó su propuesta de un impuesto digital para cubrir a los estados miembros de la Unión Europea, pero se encontró con resistencia de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Tras su fracaso con la UE, en 2019 Macron puso su propio impuesto unilateral. El gravamen de 3% aplica a los ingresos de servicios digitales de las firmas con más de 25,000 millones de euros en ganancias provenientes de de Francia y 750,000 millones de euros a nivel mundial.
Su par estadounidense, Donald Trump, amenazó a Francia con responder a esta medida con una acción arancelaria.
Durante la cumbre del G7 de 2019, celebrada en la ciudad costera de Biarritz, Francia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para el país europeo pudiera gravar a los gigantes tecnológicos, casi todos estadounidenses.
Además de Francia, otros países europeos que buscaban imponer un impuesto sobre las tecnológicas eran Reino Unido, España, Italia y Austria.
Uber, Londres y los derechos laborales
El pleito entre el gobierno de Londres se remonta dede hace años. Transport for London (TfL) rechazó en septiembre de 2017 otorgar a la aplicación estadounidense una licencia de operación por cinco años, citando fallas en su manera de reportar delitos y respaldar controles a sus conductores.
En noviembre de 2017, un tribunal británico aseguró que los conductores de Uber merecen derechos laborales habituales, como un salario mínimo y vacaciones.
Uber dijo que apelaría el fallo. Argumentó que sus conductores son trabajadores independientes, que eligen sus horarios y lugares de trabajo.
La compañía estadounidense realizó un estudio junto con la Universidad de Oxford basado en sus datos administrativos. El análisis dice que el conductor promedio de Londres gana alrededor de 11 libras por hora, justo por encima del salario mínimo de la capital británica, de acuerdo con la BBC.
En junio de 2018, la jueza Emma Arbuthnot, de la Corte de Magistrados de Westminster, dictaminó que Uber podía obtener una licencia para operar por 15 meses en Londres, sujeta a estrictas condiciones.
Uber perdió su licencia de nuevo el 25 de noviembre de 2019. TfL se refirió a un “patrón de fallas” en materia de seguridad que hizo que la aplicación de transporte no sea apta para realizar sus servicios.
Un cambio en los sistemas de Uber permitió que conductores no autorizados cargaran sus fotos en otras cuentas, lo que implicaba que pudieran recoger pasajeros como si fueran el chofer contratado, algo que ocurrió en al menos 14,000 viajes, señaló el regulador londinense.
Uber, que tiene unos 45,000 conductores en Londres, apeló la decisión—a la que calificó como “extraordinaria y errónea”—, pues aseguró que había adoptado medidas para cambiar su modelo de negocio y mejorar sus estándares en seguridad.
Los magistrados de Westminster fallaron a favor de la empresa y Uber obtuvo una nueva licencia para operar en Londres por 18 meses.
El magistrado jefe adjunto, Tan Ikram, dijo que obtuvo «suficiente evidencia de que Uber ya no representa un riesgo para la seguridad pública, a pesar de sus fallas históricas», desde de tres días de comparecencias, de acuerdo con The Guardian.
La nueva licencia llegó con 21 condiciones, propuestas en conjunto por TfL y Uber, que la compañía argumenta deberán servir como bases para todos los servicios similares en Londres.
