La convención constitucional y el gobierno del Presidente Boric comparten la insensata creencia de que toda innovación es buena y necesaria. Mientras el organismo se ha esmerado en redefinir lo que debe estar incluido en una constitución (la evidencia comparada ya había hecho bastante bien esa tarea), el Mandatario demuestra un irreflexivo interés por innovar en temas donde las pruebas muestran que esto no ha producido mejores resultados. Desde la decisión de crear estados intermedios de excepción constitucional hasta la sugerencia de que los tratados de libre comercio debieran ser sometidos a procesos de consulta ciudadana, el gobierno de Boric ha impulsado algunas innovaciones que solo duplican funciones o cambian el nombre de lo que ya existe.
La fascinación de la convención constitucional
Con la idea de innovar por innovar ha llevado a esa instancia a impulsar reformas que generan preocupación y rechazo entre los expertos. Tal vez no hay mejor ejemplo que su decisión de terminar con el Senado —impulsando en cambio una Cámara de las Regiones con pocos poderes formales. En general, el órgano constituyente ha querido renombrar casi todas las instituciones que han existido en Chile por décadas (aunque, sorpresivamente, no las regiones que creó la dictadura militar para reemplazar a las provincias que existían hasta entonces). Esa obsesión es difícil de entender. Desconociendo la evidencia comparada y el propio aprendizaje de doscientos años de historia constitucional chilena, la manía de la convención con innovar sin transar la ha llevado a reinventar una rueda que, aunque todavía no está finalizada, ya sabemos que será más pesada, ineficiente y compleja que lo que necesita el país.
Pero la obsesión de innovar por innovar también ha alcanzado al gobierno del Presidente Boric. Atrapado en la incómoda posición de defender su oposición a decretar estado de excepción constitucional en la Araucanía, el Mandatario optó por salir del paso proponiendo la declaración de un estado constitucional intermedio. La singularidad de la propuesta contrasta con su poco sentido legal y lógico.
Si los estados de excepción son momentos en que las normativas habituales se alteran —por emergencia, desastre o alguna otra crisis—, pretender plantear un estado intermedio es simplemente darle otro nombre a lo que siempre ha sido y será un estado de excepción constitucional. El gobierno podría haber optado simplemente por decretar estado de excepción y no utilizar todas las herramientas que tiene en el repertorio de opciones que le otorga la ley. Pero como Boric quería evitar reconocer que se equivocó oponiéndose a decretar el estado de excepción, sus asesores comunicacionales —ignorando el sentido del pudor— optaron por inventar una salida que solo alimenta las acusaciones de que este es un gobierno de practicantes. Igual que una persona que no queriendo contraer matrimonio opta por sugerir que está en un estado intermedio entre la soltería y tener pareja —generando la burla de sus amistades y el descontento de su pareja—, el gobierno de Boric no quiere aceptar que, aunque lo llame intermedio, en realidad está buscando declarar un estado de excepción constitucional en la Araucanía.
De igual forma, la idea de que los acuerdos de libre comercio
Sean sometidos a procesos de consultas ciudadanas equivale a reinventar el hilo negro. Para que un tratado comercial entre en vigencia, debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Ese proceso constituye el momento en que se aterriza el contenido de los tratados a los intereses de la ciudadanía. En democracias representativas, los legisladores representan los intereses de la ciudadanía. El Legislativo puede generar instancias formales de consulta y audiencias públicas para que las personas y grupos interesados puedan expresar sus puntos de vista. Es innecesario que el gobierno duplique las funciones del congreso. El exceso de procesos de consulta ciudadana inevitablemente genera incentivos negativos para la participación. Es más, representa una oportunidad para que los grupos de interés copen esas instancias de participación. Como sabe cualquier persona que debe asistir a centros de padres y apoderados o a reuniones de miembros de un condominio habitacional, la idea de abrir espacios de participación a menudo choca con la realidad de tiempo limitado que tienen las personas a las que se convoca a participar. Si ya existe un proceso que permite la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo, el gobierno solo está sugiriendo una idea que duplica funciones y confunde a la opinión pública. Como si la idea no fuera lo suficientemente mala, el hecho que el ministro de Hacienda Mario Marcel haya optado por salir a combatirla demuestra que, cuando el gobierno de Boric opta por innovar, ni siquiera se preocupa primero de socializar sus ideas entre los miembros del gabinete.
A dos meses de iniciado el gobierno, y a diez meses de funcionamiento de la convención constitucional, la búsqueda de la innovación se ha convertido en un fetiche que amenaza el éxito del gobierno y de la Convención. A menos que ambos entiendan que su desafío es saber qué cosas deben mantener como están y cuáles requieren de innovación y cambios, el destino de la convención y del gobierno será el mismo de aquellos aventureros que fascinados con innovar en todo, terminan dando vueltas en círculos y fracasan en su intento de mejorar lo que ya existe.
