Las iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad presentadas por el Gobierno pasarán una elevada factura a las empresas del sector alimentario. El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, así como el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tendrán un impacto económico de más de 2.000 millones de euros y pondrán en riesgo hasta 160.000 puestos de trabajo, según Mauricio García de Quevedo, director general de Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
El máximo responsable de la patronal alimentaria ha mostrado la preocupación del sector por las metas que plantean estos dos textos legislativos «que van más allá de las planteadas por las propias directivas europeas, poniendo el riesgo la viabilidad y la competitividad de la industria en un entorno marcado por las presiones inflacionistas y la incertidumbre geopolítica».
El director general de FIAB ha aprovechado la inauguración del IV Congreso de Desarrollo Sostenible coorganizado con AECOC en Madrid, para reclamar al Ejecutivo diálogo para encontrar metas comunes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible «sin pedir medidas imposibles y adaptarlas al actual ciclo económico y social».
Estas normativas plantean, por ejemplo, la prohibición de entregar de manera gratuita productos de plástico a los consumidores y la obligación de cobrarlos desde el 1 de enero de 2023 como parte de la Estrategia Española de Economía Circular. Otras medidas incluidas en esta estrategia es el fomento del comercio de productos a granel, el impulso a la reutilización de envases o la reducción de las botellas de plástico de un solo uso a la mitad en 2030.
Plazos realistas
En la misma línea, el director general de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, José María Bonmatí, ha defendido la compatibilidad del desarrollo de una actividad económica sostenible con la competitividad de las empresas y ha recalcado el compromiso de su sector con cumplimiento de los objetivos marcados por Bruselas, pero desde unos plazos realistas. A modo de ejemplo, Bonmatí ha citado España ha adelantado en dos años los plazos marcados por la UE para la instalación de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos.
La apertura del congreso también ha contado con la participación del vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, el eurodiputado español César Luena, que ha reafirmado que el cumplimiento de los objetivos europeos de reducción de emisiones es algo factible para la cadena de valor agroalimentaria. Para conseguirlo, ha recordado, que «el 40% del gasto previsto en la Política Agraria Común, se destina a la acción alimentaria».
Luena, sin embargo, ha reconocido que las empresas se verán obligadas a realizar un esfuerzo enorme para cumplir los objetivos, un proceso en el que tendrán un papel fundamental las ayudas e inversiones medioambientales previstas en los Fondos Next Generation. Asimismo, reclamó un sistema armonizado en la UE y la adopción de incentivos fiscales para las empresas que cumplan con los objetivos de sostenibilidad. En cuanto a la competencia de países que no respetan estos criterios medioambientales en un mercado globalizado, Luena ha recalcado la importancia de medidas como la futura ley de debida diligencia que regulara las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos y ambientales.
