- La empresa acumula ya multas laborales por más de 200 millones
Según publica cincodias.elpais.com La Inspección de Trabajo ha impuesto nuevas sanciones a la empresa de reparto Glovo por un total de 57 millones de euros por empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo, se trata de actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Glovo Madrid.
Las propuestas de sanción, adelantada por la Cadena SER, responden a dos irregularidades. Por un lado, 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social por una cuantía de 32,9 millones a los que se suman el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y que asciende a 19 millones.
Además, se ha sancionado con 5,2 millones por trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas. En total, Glovo España acumula 205,3 millones en multas (actas de infracción y actas de liquidación) que afectan a 37.348 trabajadores.
La empresa, fundada en Barcelona por Óscar Pierre y Sacha Michaud, perdió 496 millones en el año 2021. Pese a ello, cerró su venta al grupo alemán Delivery Hero en el último día de ese ejercicio, en una operación valorada inicialmente en 2.300 millones de euros. La caída de la acción (hasta un 64%) recortó sustancialmente el importe de la venta. Aun así, la cúpula y los fundadores de la empresa recibieron un bonus de 115 millones de euros por la venta.
Glovo ya fue forzada el año pasado a regularizar a más de 10.000 repartidores que trabajaban como falsos autónomos en Valencia y Barcelona, además de recibir por ese motivo una sanción de 79 millones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó entonces a la empresa de obstaculizar las inspecciones. En 2020 fueron 11.013 trabajadores contratados como falsos autónomos los que debieron ser regularizados, en una decisión que implicó otra multa, ésta de 16,2 millones. La empresa también ha sido sancionada, en este caso por la Audiencia Nacional, por obstruir las inspecciones laborales, y afronta demandas judiciales por las contrataciones irregulares. La Justicia ha fijado para finales de este año un macrojuicio por la regularización de otros 3.200 riders en 2018.
