España mientras tanto ni se lo plantea
Según publica xataca.com La inflación lleva casi un año haciendo mella en los hogares. Y más concretamente, en sus bolsillos. Ha disparado el coste de los alimentos en toda Europa en un momento en el que el poder adquisitivo de las familias se ha reducido drásticamente. Y, pese a que los gobiernos han aplicado medidas antiinflación, los consumidores se han visto obligados a reducir sus compras en los supermercados casi un 20%. Para paliar estos efectos, el Gobierno de España rebajó el IVA de los alimentos de primera necesidad hace unos meses. Pero no han cambiado mucho las cosas.
Hay países que creen que esa medida no es suficiente y han ido más allá. Ayer el Gobierno francés pactaba con los distribuidores un acuerdo para topar el precio de muchos productos y crear una cesta antiinflación.
La medida francesa. En este caso, las cadenas de supermercados francesas han pactado ofrecer a sus clientes alimentos y productos de primera necesidad al más bajo precio posible durante tres meses. Pero cada empresa tendrá la libertad para definir su propia cesta de productos y para fijar su precio. Según el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, la medida costará a estas empresas «varios centenares de millones de euros».
Es decir, será cada cadena la que elija el tope y los productos. Las condiciones que pone el gobierno es que estos precios deberán ser los más bajos posibles, pero nunca a costa del productor, sino que será a costa de los márgenes de la propia distribución. Y todos deberán lucir un distintivo para que el consumidor pueda reconocerlos fácilmente en el supermercado: la bandera francesa y una etiqueta que ponga «trimestre antiinflación».
¿Cómo? Esta cesta contendrá, según planea el Ministerio de Comercio francés, productos frescos, lácteos, pasta y también artículos de higiene. En total, cada distribuidor definirá una lista de 20 productos. Y el Gobierno ha comunicado que los servicios antifraude franceses serán los encargados de vigilar que el acuerdo se cumple bajo las condiciones establecidas. Sobre todo la parte de «al precio más bajo posible», sin recortar impuestos ni beneficios a terceros.
Esta vía se engloba en el esfuerzo conjunto que está haciendo el país vecino y sus empresas para contener la inflación, impulsado otras iniciativas como un tope al carburante. Hace unos días, Total Energies acordó no vender gasolina diésel a más de 1,99 euros el litro en las estaciones de servicio francesas.
¿Por qué? Para plantar cara a la inflación, que alcanzó el 14,5% en febrero con respecto al año pasado en Francia. El país ha visto como los precios de los alimentos subieron un 12%. Y mientras, las calles viven estos días una ola de huelgas y manifestaciones masivas por la reforma de las pensiones. Macron teme que todo esto sumado a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos se salde con una nueva protesta de chalecos amarillos, como la que estalló en 2018 por la subida del precio de la gasolina.
En España. Aquí la subida del precio de los alimentos ha generado un debate constante con varias propuestas sobre la mesa. Finalmente, el Gobierno acabó aprobando hace unos meses la rebaja del IVA a los productos básicos. Sin embargo, la nueva medida de Francia ha sido hoy bien recibida por la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien insiste que lleva desde el pasado verano intentando impulsar una medida similar y que puede ser muy factible e «imprescindible» en España.
De hecho, defiende la posibilidad de crear «una cesta de productos, los que sean, con un precio limitado» y se ha referido al artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, que avala la opción de fijar precios en el caso de los márgenes de comercialización de determinados productos para apuntar que esta intervención es «una de las asignaturas pendientes».
¿Es legal? Las cestas antiinflación son sinónimo de polémica, básicamente porque supone intervenir los precios. En España, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) ya se mostró en contra de la propuesta de Yolanda Díaz de topar precios de los alimentos básicos. De hecho, la presidenta del organismo, Cani Fernández, al enterarse de la noticia francesa se ha mostrado escéptica ante la posibilidad de traer un acuerdo similar a España.
«Los acuerdos de fijación de precios están prohibidos por la normativa de competencia y el hecho de que se vean impulsados por una autoridad pública no exime de responsabilidad ni a los operadores ni a la propia autoridad pública», explicaba. «¿Cómo se come esto con la Ley de la Cadena Alimentaria en España?», se preguntaba, recordando que esa ley impide rebajar el precio de una parte del escalón al siguiente.
