Comercio español presionado ante normativa que se duplicó tras la pandemia

Mujeres en interior de centro comercial haciendo compras
  • El comercio se vio afectado en 2022 por una media de 2,7 normativas nuevas cada día

Según publica eleconomista.es En 2022 se aprobaron en nuestro país casi un millar de nuevas normativas que afectaban al comercio de los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, lo que supuso una media de 2,7 desarrollos legislativos al día, el doble de las 476 en total registradas en 2019, Antes de la pandemia, según datos de WorldLex.

Tal y como recuerdan desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, en los dos últimos años se batieron récords en normativas debido a la pandemia, con una media diaria de 8,9 en 2020 y 7,5 en 2021, respectivamente. Sin embargo, la vuelta a la normalidad, no trajo consigo una relajación de la presión normativa sobre los establecimientos comerciales.


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Esta situación preocupa por el gran esfuerzo económico y administrativo que implican estas normas para el sector de la distribución, añadidas a la gran presión financiera derivada de los altos costes de energía, carburantes o materias primas que soportó el sector durante el año pasado.

«La carga normativa sobre el sector del comercio sigue siendo muy alta una vez superada la pandemia. Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos comerciales y, además, algunos de ellos vienen asociados a una presión fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso», dijo Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.

En este sentido, un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos para la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE señala las consecuencias económicas de la alta presión normativa a la que está sometido el sector. Entre ellas, destacan la no creación de 88.000 empleos, un incremento del IPC de 1,7 puntos, un impacto negativo en la inversión de 770 millones de euros anuales y, paradójicamente, una reducción de la recaudación fiscal de la administración de 870 millones de euros anuales.

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