- Competencia estima parte de los recursos de IATA, ALA y Ryanair, y obligará al gestor aeroportuario a congelar las tarifas un año más, aunque podrá imputar 45 millones por costes derivados de la pandemia.
Según publica lainformacion.com Victoria para las aerolíneas en su batalla contra AENA por la subida de tarifas que el gestor aeroportuario nacional pretendía implementar y llegó a aprobar el pasado mes de julio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estimado parcialmente los recursos que presentaron la patronal internacional IATA, la nacional ALA (Asociación de Líneas Aéreas) y la compañía Ryanair en los que cuestionaban esta subida de tasas, la primera tras tres años de pandemia.
La decisión de Competencia mantiene el ingreso máximo anual ajustado por pasajero (IMAAJ) en 9,95 euros -el mismo valor que fijó en febrero- frente a la subida del 0,7% hasta los 10,01 euros que propuso el Consejo de Administración de la empresa semipública en su actualización anual de tarifas. Con esta resolución, también permite imputar 45,6 millones de euros en costes derivados de las necesidades de adaptar los aeropuertos a las exigencias sanitarias de la pandemia, de forma que la variación tarifaria efectiva sea del 0%. Para este cálculo ha estimado que los aeropuertos españoles recibirán un tráfico de 249,3 millones de pasajeros en el presente año.
Los 16,6 millones restantes hasta los 62,3 aceptados por Competencia en junio de 2022 se aplicarán en futuros ejercicios, siguiendo el criterio fijado en anteriores resoluciones. El órgano ha aceptado que estos costes se paguen dos años después, aunque inicialmente afirmó que no tendría por qué aplicarse este plazo, tal y como establece la normativa española. Por tanto, en 2023 sólo se pagarán los del último trimestre de 2021, mientras que en 2024 se pagarán los de 2022, tal y como exigían las aerolíneas.
Pedían no imputar o rebajar los costes sanitarios
El dictamen fue recurrido por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que consideraba que los costes imputables eran menores y ascendían a 56,8 millones. De ese total, para este año sólo debían atribuirse 36,5 millones, dejando a repartir la cuantía restante para futuros ejercicios. Ryanair fue más allá en su reclamación y aseguraba que los gastos sanitarios y operativos en los que incurrió Aena no debían imputarse a las tarifas aeroportuarios, alegando que el marco jurídico en que se basan era contrario a la normativa europea.
IATA, por su parte, reclamó bajar las tarifas para ganar en competitividad frente al resto de aeropuertos europeos, alegando que «las aerolíneas continúan atravesando una situación financiera complicada y no están en situación de adelantar pagos de 2023 a Aena». La patronal internacional aseguraba que no aumentar las tasas era algo «vital» para «compensar los costes crecientes que tienen que acometer los pasajeros, como test o precios más altos de la demanda», mientras que el gestor seguirá incrementando sus ingresos «debido al previsto aumento de pasajeros en 2023».
Estos recursos fueron contestados en segunda instancia por Aena, quien negó que repercutir los gastos derivados de la pandemia fueran contrarios a la legislación europea. También rechazó las justificaciones por las que las aerolíneas pedían mantener el plazo de dos años para abonar estos costes: «deben incluirse en las tarifas 2023 también los costes Covid-19 del primer trimestre de 2022, puesto que Aena ya ha incurrido en ellos y los ha pagado». Competencia rechazó este argumento y dio la razón a los reclamantes.
Un conflicto que ha llegado a la Audiencia Nacional
En un último intento, Ryanair volvió a cargar contra Aena y acusó al gestor de ejercer «un abuso de posición de dominio» por tratar de recuperar estos gastos con el recargo de las tarifas, aunque la CNMC rechazó tajantemente esta alegación: «el derecho a la recuperación de dichos costes viene reconocido en la Ley 2/2021».
La guerra entre Aena y las aerolíneas por el pago de estos gastos derivados de la pandemia viene de lejos. La aprobación de las tarifas aeroportuarias del ejercicio 2022 ya fue recurrida por IATA España y Ryanair ante la CNMC. Tras desestimar sendos conflictos, la compañía de bajo coste acudió a la vía judicial presentando un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.
Las aerolíneas Lufthansa y Emirates se sumaron unas semanas después. Los afectados se personaron en el mismo el pasado mes de junio, según señala el informe semestral de la empresa participada por el estado, que en cambio consideraba que la resolución de estos procedimientos no afectaría a las cuentas de grupo.
