El mercado de la leche trata de sobrevivir, no logra vender todo lo que se produce. Cada día se extraen unos 5 millones de litros y 300.000 no tienen mercado para ser ubicados.
En esta coyuntura se debate en la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados. El propósito es luchar contra el contrabando y la informalidad.
Pero el analista económico Alberto Acosta advierte que el efecto puede ser lo contrario de lo que se busca. En la actualidad, el 57 % de la leche se vende informalmente y esto puede aumentar si el mercado recibe un mensaje errado.
En un mercado libre no puede existir exceso de producción ni escasez. Si la producción sube más rápido que la demanda, el precio caerá hasta igualar la oferta con la demanda. Pero la situación es distinta cuando el gobierno interviene en la fijación de un precio arbitrario. Entonces, desaparece ese equilibrio entre oferta y demanda y se produce una cadena de costosos desequilibrios: mensaje falso de que los consumidores desean más producto, incentivo errado para actuar en ampliar la producción, encarecimiento y desengaño.
Acosta sugiere que la alternativa es un sistema de precios referenciales recopilados en una bolsa de productos, en la que queden registradas todas las transacciones.
La ventaja de este mecanismo es transparentar la información en tiempo real para todos los agentes del mercado.
Además, permite que exista flexibilidad para responder a las necesidades de los consumidores.
LAS CIFRAS DEL SECTOR GANADERO
Según las Cuentas Nacionales del Banco Central de Ecuador (BCE), la agroindustria representó en 2020 el 16,5 % de la producción nacional. Dentro de este sector se encuentra la cadena ganadera, con 4,4 % de la producción nacional.
El BCE estima que 768.000 personas están empleadas directamente en la cadena ganadera, que incluye la cría de ganado, procesamiento de carne y elaboración de productos lácteos. Esto significa que esta cadena productiva comprende el 10,1 % del empleo nacional. El grueso corresponde a empleados por cuenta propia y a ayudantes familiares.
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