Según el portal El Mundo
Exclusión de proveedores de redes 5G generaría graves perjuicios económicos y sociales, incrementos en las tarifas que pagan los usuarios por los servicios de Internet y telefonía móvil, pérdidas económicas en distintos sectores productivos del país y una mayor brecha digital que aumenta la desigualdad social, son parte de las consecuencias que tendría la aplicación de un decreto ejecutivo que excluye a proveedores de China en la participación del mercado de telecomunicaciones de quinta generación (5G), señalan expertos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA).
Se trata del decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, elaborado por el Gobierno.
Dicho decreto excluye la participación de empresas de China, bajo el fundamento de que este país no ha firmado el Acuerdo de Budapest sobre ciberseguridad.
Por ende, una empresa como Huawei, líder mundial en materia de telecomunicaciones y que ha realizado inversiones en el despliegue de redes de telefonía móvil y acceso a Internet en el país, se vería marginada como eventual proveedora de servicios.
Para el director del Cinpe, Olman Segura, “si bien las políticas de ciberseguridad son esenciales para proteger la integridad y seguridad de las redes nacionales, es fundamental equilibrar estas medidas con el potencial impacto económico y tecnológico que podría surgir en el sector y en el país, al limitar la competencia en el despliegue de la red 5G”.
“Es vital que Costa Rica evalúe cuidadosamente las implicaciones de tales decisiones en su trayectoria hacia una economía más conectada y moderna”, aseguró.
Golpe al bolsillo
Del análisis se desprende, además, la afectación directa que percibirán los usuarios finales de los sistemas de telecomunicaciones en un mercado de desarrollo de la 5G.
Las medidas de exclusión que impulsa la actual administración generarían un incremento de hasta un 40% en las tarifas para los servicios de Internet y telefonía móvil, en comparación con un escenario donde el país no aplique lo establecido en el decreto ejecutivo.
Este cálculo lo obtuvo el Cinpe a partir de la consideración de diversas variables que requieren emplear los operadores de servicios de telecomunicaciones y que incluyen gastos operativos, de mantenimiento, administración, inversión necesaria, rentabilidad y depreciación de equipos.
El efecto del incremento de las tarifas tendría una repercusión directa sobre la cantidad de usuarios que tendrían acceso a las soluciones basadas en 5G.
De acuerdo con el informe, para la modalidad de telefonía móvil podría pasar de 7.876.163 abonados, en el 2022, a 4.331.890, en el 2030, lo que redunda en una disminución del 43% de suscripciones.
Lo anterior generaría un retroceso en los avances por una penetración eficaz de la tecnología 5G en el país, en momentos en que se calcula que para el 2025 en América Latina se alcanzará el porcentaje del 12%, mientras que en el caso de Europa sería de un 34%, según se consigna en el informe del Cinpe. Incluso, naciones como Brasil y México llegarían a conexiones que van del 14% al 20%, mientras que Costa Rica se ubicaría en un modesto 6%.
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