La Ley Nº 9914 que aporta elementos nutricionales a la canasta básica tributaria se publicó el 4 de diciembre del 2020 y aún no entra en vigencia.
El Gobierno de Costa Rica acumula 10 meses sin poder configurar la canasta básica tributaria aprobada por los diputados hace un año, la cual deberá seguir protegiendo a las familias con menos ingresos y al mismo tiempo garantizar una dieta balanceada de los consumidores.
La Ley Nº 9914 que aporta elementos nutricionales a la canasta básica tributaria se publicó en La Gaceta desde el 4 de diciembre del 2020. Contiene un transitorio de dos meses para que, a partir de la publicación de su reglamento, el Ministerio de Hacienda y el de Economía, Industria y Comercio (MEIC), elaboren la lista de productos que la integran.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el decreto que contendrá la metodología ya superó la etapa de revisión. “Ahora pasará a los procesos finales internos de revisión para aprobación final por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para autorizar su publicación.
“Ha implicado un trabajo articulado (entre los ministerios). Ello ha significado no sólo la evaluación de la parte nutricional, sino también la determinación de una metodología base que cumpla con los objetivos y exigencias de lo que se persigue a través de una exoneración como la que implica una Canasta Básica”, respondió Hacienda.
Sin embargo, no existe una fecha exacta para que los costarricenses cuenten con una nueva configuración de la canasta básica. Luego del decreto, que debe pasar por la etapa de consulta ciudadana y publicación, el Gobierno tendrá dos meses para publicar la lista oficial de los productos que integrarán la canasta básica.
“Más bien son dos pasos: la definición de la metodología, que finalmente es lo que llamaríamos tradicionalmente “reglamento”, y la aplicación de esa metodología para definir el conjunto de productos que formarían esa canasta.
La legislación aprobada por los diputados obliga a realizar consultas, durante esos dos meses otorgados por el transitorio, a consultar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Defensoría de los Habitantes, Colegio Profesional de Nutrición, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las universidades públicas y privadas, así como las organizaciones de consumidores.
“Todos estos entes contarán también con un plazo de diez días hábiles para externar sus opiniones, las cuales deberán ser atendidas por las instituciones gubernamentales correspondientes”, explicó Hacienda.
La canasta se elaborará con datos provistos por la encuesta del INEC que mida el consumo, el gasto y el ingreso de los hogares.
“(Y) la lista de todos aquellos bienes que son de consumo primordial por parte del treinta por ciento (30%) de los hogares con menores ingresos y aplicar lo dispuesto en la Ley 6826 (del impuesto al valor agregado)”, reza la iniciativa.
A partir de estos datos, el Ministerio de Salud deberá definir todos los bienes alimenticios y valorará la inclusión de los de alto valor nutricional, con base en criterios como la implementación de una dieta balanceada y diversa que atienda las necesidades nutricionales, culturalmente pertinentes y derivados del perfil epidemiológico de la población. Estos criterios del Ministerio de Salud serán de acatamiento obligatorio para la elaboración de la canasta básica.
Esa definición de Salud, al mismo tiempo, deberá ser “con base base en criterios como la implementación de una dieta balanceada y diversa que atienda las necesidades nutricionales, culturalmente pertinentes y derivados del perfil epidemiológico de la población. Estos criterios del Ministerio de Salud serán de acatamiento obligatorio para la elaboración de la canasta básica”, continúa la ley.
Actualmente, la canasta está integrada por 189 productos sobre los cuales el IVA es del 1%.
El diputado Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, impulsor de la legislación, recordó que “el objetivo de la norma es dar participación a las organizaciones involucradas y la inclusión de estadísticas para pasar la toma de decisiones de la canasta básica, a lo efectivamente consumido y necesario para las familias”.
El atraso del Gobierno para su implementación, aseguró, “es muestra de la inoperancia y lentitud de un Ministerio de Hacienda que prioriza el aumento de impuestos al bienestar de los costarricenses”.
