Tras anunciarse el aumento del precio del arroz en Costa Rica, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y la asociación Consumidores de Costa Rica oficializaron su rechazo, con documentos enviados al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Según publicó La Nación, los documentos de las dos organizaciones se enviaron dentro del periodo de 10 días hábiles de consulta pública del decreto donde se fija el valor de ese cereal al consumidor, plazo que venció este lunes 12 de julio.
Las dos organizaciones basan su posición en diferentes estudios donde se concluye que la fijación del precio de ese alimento no beneficia al consumidor.
Ante esas opiniones, Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), defendió, de nuevo, la transparencia del proceso para fijar la cotización.
“La verdad es que el MEIC trabaja no con supuestos ni reclamos infundados sino con documentos que se pueden verificar. Ahí están los costos en que la industria ha incurrido en los últimos seis meses”, enfatizó el dirigente arrocero.
En la tarde de este martes, el director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Minor Cruz, también defendió la necesidad de ajustar el precio. Se basó en un estudio de esa entidad donde se concluye que el grano tiene poca influencia en el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, por lo cual afectaría poco al bolsillo de los compradores.
El arroz es el único producto cuyo precio se mantiene fijado mediante un decreto del Gobierno.
El decreto con la propuesta de fijación para el año arrocero 2021-2022 se publicó para consulta pública el pasado 29 de junio. Según ese documento, el aumento sería de ¢60,42 en el kilo de arroz al consumidor, para la variedad 80-20, es decir, con 20% de grano quebrado.
De esa manera, el valor del kilo de esa presentación, la de más demanda en el país, pasaría de ¢612,30 a ¢672,72.
Oposición
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la CCCR, argumentó que ese alimento es muy importante en la dieta de los costarricenses y que es inadmisible que su precio esté sujeto a políticas de regulación que lo encarecen y reducen directamente el ingreso disponible de los ciudadanos.
“El sector arrocero continúa amparado a la protección y a los mecanismos de defensa comercial para resolver su problema estructural de competitividad. Mientras tanto, los consumidores, en particular los menores ingresos, dedican una décima parte de su ingreso a adquirir este alimento básico a un precio superior al del mercado internacional”, declaró Elizondo en un comunicado de prensa.
Por su lado, Erick Ulate, presidente de la asociación Consumidores de Costa Rica, recordó los estudios y opiniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y del Banco Central, todos los cuales concluyen que esta fijación de precios no beneficia a las familias en el país.
Ulate explicó que el lunes enviaron al MEIC un documento de cinco páginas con sus argumentos, aunque reconocen que al final de cuentas ese ministerio publica y aprueba el precio de acuerdo con sus propias conclusiones.
