Un nuevo capítulo de la novela entre operadores y Wom se escribió este martes, luego de que Claro afirmara que el nuevo operador de telecomunicaciones se está burlando de la ley.
“Pretensión de WOM de operar en categoría de entrante es una burla a la ley», dijo Claro a través de un comunicado en el que señala que pretende aprovechar la infraestructura de Avantel al tiempo que busca obtener los beneficios designados solo para operadores entrantes.
Esta pretensión generaría inseguridad jurídica, puesto que en el futuro una nueva compañía podría adquirir frecuencias, comprar cualquier operador establecido en el país y tener condición de entrante.
“Partners Telecom (PTC) o WOM en Colombia, busca obtener beneficios que le darían ventajas competitivas injustificadas y reservadas de acuerdo a la resolución 5108 de 2017 de la CRC, para aquellos operadores que por primera vez obtienen espectro para prestar el servicio de telefonía móvil. Este no es el caso de WOM, puesto que adquirió a Avantel, empresa que lleva más de siete años como operador de servicios móviles y ya fue beneficiario de los cinco años que la regulación permite para disfrutar de dichos beneficios”, dijo Claro este martes.
Según la compañía, WOM espera iniciar operaciones ignorando todas las normas del país amparándose en una consulta no vinculante realizada al MinTIC en noviembre de 2019, que según el criterio de este operador le daría acceso a tarifas con descuentos regulados de Roaming Automático Nacional –RAN- en las redes de los otros operadores.
Claro afirma que el Estado colombiano estaría también perdiendo importantes ingresos por pagos de derechos de uso de frecuencias y otros impuestos debido a la exigencia de WOM de ser considerado operador entrante y que esta flagrante irregularidad podría generar una inseguridad jurídica puesto que en el futuro una nueva compañía podría adquirir frecuencias en una licitación, comprar a cualquiera de los operadores establecidos, y después pedir los beneficios de operador entrante, es decir, tarifas de roaming con descuentos regulados y reducciones en los pagos de derechos de uso de frecuencias.
Ante esta nueva polémica, la Comisión de Regulación de Comunicaciones manifestó que es una institución que respeta el Estado Social de Derecho como principio fundamental del ordenamiento jurídico y que en ese sentido, las decisiones administrativas que se tomen se harán desde el ejercicio de las funciones de la Comisión y con apego a la ley y la regulación.
“No acogemos ni aceptamos ningún tipo de presiones en la toma de nuestras decisiones ya que representamos los intereses de los colombianos y del Estado. Por otro lado, en relación con los recursos pendientes de resolver, los mismos se encuentran dentro de los términos legales y se resolverán dentro del plazo establecido por la ley”, finalizó la CRC.
