La Superintendencia de Sociedades llevó a cabo la audiencia pública para atender las denuncias contra la sociedad Mercadería S.A.S., que opera bajo la marca Justo & Bueno.
Según el superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, y juez del proceso concursal, Santiago Londoño Correa, se han recibido 501 denuncias por el incumplimiento de gastos de administración, luego de que la sociedad entrara en el proceso de reorganización, el 18 de enero de 2022.
De este total, 371 son memoriales de arrendadores pidiendo pago y fecha de restitución de inmuebles, 14 son memoriales de acreedores de compañía de gastos de administración, 18 son memoriales de servicios públicos y dueños de locales arrendados, denunciando falta de pago y otros 98 son memoriales de acreedores laborales pidiendo el pago de nómina y liquidación.
En la audiencia, a la que asistieron 650 personas, varios trabajadores denunciaron que llevan cerca de 90 días sin recibir pago, y los extrabajadores, que firmaron un documento para pactar su retiro, no han sido indemnizados ni han podido retirar sus cesantías.
Asimismo, durante la audiencia, Londoño desestimó la petición de los representantes de la compañía de no realizar la audiencia. Para el funcionario, la empresa no puede ser ajena y tiene atribuciones dentro del proceso, por los que escuchó a los acreedores interesados.
LAS DEUDAS
Claudia Ortega, apoderada de los fondos de pensiones y cesantías, reveló que en total se registran deudas por más de $1.040 millones por concepto de aportes a pensión.
(Justo & Bueno se queja de que se entorpece su plan de reorganización).
Adriana Rincón, comisionada de la comisión de Recaudo y Cobro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), dijo que Mercadería S.A.S. tiene un impago de $15 millones de impuesto al consumo e intereses de $550.000.
Y la mayor deuda es por concepto de retenciones en la fuente. El valor entre septiembre del 2021 y marzo de 2022 suma $13.351 millones, más los intereses por $7.131 millones, para un total de $20.483 millones. La funcionaria solicitó a la empresa una propuesta de pago para atender estas obligaciones.
María Clemencia Ariza, apoderada del Distrito de Bogotá, señaló que las deudas por concepto de impuesto de industria y comercio (ICA) suman $83 millones.
Jeimy Alfonso, vocera de propietarios y arrendadores de las bodegas, manifestó que no se han pagado los cánones desde febrero hasta abril, valor que alcanza los $30.000 millones.
Además de lo anterior, quedan las deudas por servicios públicos, especial el de energía que sigue subiendo porque no se ha permitido el acceso a las bodegas y almacenes para hacer el corte del servicio.
Fuente: PORTAFOLIO
