En primer lugar, el revuelo suscitado por las opas es una muestra del atraso de nuestro mercado bursátil, que aún se asombra con lo que es pan de cada día en mercados bursátiles más desarrollados.
Las ofertas de compra de acciones registradas en un mercado público, sean ellas hostiles (es decir, sin aviso previo a los potenciales vendedores) o amigables (con aviso previo, como la que se está surtiendo en estos momentos con relación a la siderúrgica Paz del Río), son normales en otras latitudes bursátiles. Es una manera válida para que se exprese el interés comercial de quienes consideran que hay condiciones para adquirir total o parcialmente paquetes accionarios.
También es un camino para asignar de manera eficiente el ahorro de los inversionistas hacia las mejores oportunidades. Toda acción listada en un mercado público de valores está abierta a este tipo de escrutinios. La transparencia de información comercial que es propia a los mercados públicos permite obtener los mejores precios de venta o de adquisición. En esto se diferencia de un mercado privado, en el que la información sobre cuánto valen las empresas no es de público conocimiento.
Es extraño que, en este caso, el grupo comprador y el de los accionistas mayoritarios del potencial grupo vendedor se hayan enfrascado en un debate público a través de los medios sobre si las primas del 35 % o 40 % ofrecidas sobre las cotizaciones de las acciones corresponden o no a una valoración técnica de las empresas.
Naturalmente, el valor de una acción –o mejor, el de la empresa que representan dichas acciones– no solo es el resultado de una cotización puntual en bolsa. Puede obedecer a otras muchas variables. Las técnicas modernas para valorar empresas son abundantes en explicar dichas metodologías.
Los postulantes de la opa argumentan: estas empresas valen mucho más que lo que reflejan sus cotizaciones; por eso estamos ofreciendo primas a quienes acepten nuestra oferta de hasta del 40 %; su valor actual es inferior en términos reales al que tenían hace 10 años; no se han valorizado; etc.
Y el Grupo Antioqueño, cuyos controladores ya han respondido al parecer declinando la aceptación de la oferta a través de dos comunicados (Argos y Sura), replica que el valor de dichas primas es inferior al valor integral de las empresas cortejadas.
Acá viene la primera conclusión: en todos los mercados desarrollados existe una infinidad de inversionistas institucionales y de firmas valoradoras profesionales que permanentemente están calibrando, con las más sofisticadas metodologías, si las acciones que cotizan en el mercado público están bien o mal valoradas. De allí nacen sus recomendaciones de comprar o vender; de formular opas o no; de castigar o premiar las acciones que están siendo sobrevaloradas o subvaloradas. Pero estos debates no se suelen hacer mediante controversias públicas en los medios: se hacen a través de recomendaciones técnicas de compra o de venta en las ruedas bursátiles.
Mientras la controversia entre el grupo Gilinski y el Antioqueño parece haber llegado a un punto muerto sobre cuál es el valor real de las empresas, se echa de menos que no se hayan oído voces potentes e independientes con capacidad de orientar a los pequeños y medianos inversionistas sobre la mejor decisión por tomar.
“¿Cuál debe ser la actitud del Gobierno? Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen este tipo de negocios mercantiles ”
El papel de los administradores de los fondos de pensiones resulta crucial. Tienen una delicada responsabilidad fiduciaria. Deben poner a disposición de los titulares no solamente la pregunta de si desean vender o no, cosa que ya han hecho, sino las cuantificaciones técnicas de que dispongan sobre las valoraciones de Nutresa y Sura. Para que los titulares de las cuentas pensionales tomen la mejor decisión informada.
Los proponentes de las opas y los eventuales vendedores mayoritarios (mucho más los primeros que los segundos) se han enfrascado en discusiones sobre la solidez técnica de las informaciones diseminadas. El grupo Gilinski ha utilizado profusamente la revista sobre la cual ejerce control (Semana) para dispararle frecuentes cuestionamientos al Grupo Antioqueño.
Es curioso: un debate que debería tener como ámbito exclusivo el bursátil, da la impresión de haberse convertido en un cuadrilátero mediático para lanzar pullas.
Los pequeños accionistas (tanto los individuales como los que actúan a través de fondos de pensiones) no parecen haber estado muy interesados en aceptar las opas. El porcentaje de las aceptaciones que se ha anunciado es aún exiguo. ¿Consideran insuficientes las primas ofrecidas? ¿Creen ellos también, como los accionistas controladores, que las empresas valen mucho más? ¿O simplemente carecen de la información adecuada? Realmente no lo sabemos y esto denota atraso de nuestro incipiente mercado bursátil.
Hace cuarenta años, con motivo de los escándalos suscitados por los sonados episodios de los fondos de inversión que manejaba el grupo Grancolombiano, se prohibió perentoriamente el uso del ahorro privado para financiar el apoderamiento de empresas del sector real. Esa prohibición sigue vigente. Es de suponer que la Superintendencia Financiera –que ya les ha dado su bendición a las dos opas en curso– se habrá cerciorado de que los oferentes no están utilizando recursos provenientes de captación de ahorros del público.
El punto de cuál es el origen de los fondos no es menor. Si bien el grupo Gilinski anunció que en la opa de Nutresa iría con la participación parcial de un fondo árabe, no ha hecho lo mismo en el caso de Sura. Sería bueno que la Superintendencia requiera y divulgue esta información, que es crucial para rodear de la mayor información cualquier opa.
No deja de ser muy extraño también que las sociedades oferentes de las opas sean compañías SAS, creadas el año pasado y con patrimonios de un millón de pesos cada una. Este asunto debería merecer toda la atención del Gobierno y de la Superintendencia.
La Unión Europea ha sacado recientemente regulaciones sobre opas. De allí que algunos países como España –apoyándose en las reglamentaciones comunitarias– han adoptado reglamentos para controlar de mejor manera las opas: cualquier empresa que esté en el mercado público, o aun si no lo está cuando su valor exceda 500 millones de euros, debe contar con la autorización estatal para hacer una opa. El desorden gigantesco de la pandemia ha generado grandes distorsiones en los valores empresariales.
El sacudón que estas opas le han dado al mercado hasta el momento, ya sea que se acepten o no por los controladores concernidos (y todo parece indicar hasta la fecha que no serán aceptadas), de todas maneras va a dejar mensajes positivos para modernizar el funcionamiento del mercado público de valores.
El primero: que las empresas controladoras tendrán que ser muy cuidadosas con las políticas de dividendos que practiquen. Nutresa lo acaba de anunciar: se dispone a modificar sus prácticas tradicionales de distribución de dividendos, de readquisición de acciones y de búsqueda de socios estratégicos para hacer presencia en mercados más líquidos. La costumbre de distribuir dividendos restringidos abre el apetito de las ofertas públicas de compra.
En segundo lugar: la estrategia de las empresas que tienen estructuras de propiedad muy concentradas y además cruzadas al estilo “enroque”, como sucede en el Grupo Antioqueño (estrategia que se ideó desde los tiempos de Nicanor Restrepo para que estas empresas no cayeran en poder del narcotráfico), con el correr de los años ha cambiado su razón de ser.
Puede ocurrir que este tipo de estructuras societarias conduzcan a lo que se conoce como “caja atrapada”, por virtud de la cual un porcentaje grande de utilidades queda retenido en los estados financieros empresariales y no fluye como dividendos distribuidos. Por esta razón se vuelven presa apetecida de quienes viven buscando oportunidades en un mercado enclenque y concentrado como el colombiano. Algo de esto puede estar ocurriendo con las opas en curso.
No debemos escandalizarnos porque ello suceda. Es la lógica de un mercado público que se desenvuelve a través de las bolsas de valores. Estas, en el fondo, no son otra cosa que centros diseminadores de información sobre las condiciones financieras y de mercado de las empresas que allí cotizan.
¿Cuál debe ser la actitud del Gobierno frente a las opas, las del grupo Gilinski o cualquier otra?
¿Cuál debe ser la actitud del Gobierno frente a las opas, las del grupo Gilinski o cualquier otra? Por supuesto, cumplir y hacer cumplir puntillosamente las normas que rigen este tipo de negocios mercantiles. Y, en segundo lugar, ser imparcial frente a cualquier opa. Por ejemplo, no dejó de ser extraño que una de las garantías para respaldar la opa de Sura fuera otorgada parcialmente por un banco oficial.
Tratándose de acciones registradas en un mercado público de valores, las consideraciones de naturaleza regional deben estar ausentes. En un mercado público se supone que la propiedad de las acciones puede pasar a manos de titulares que no tengan la misma raigambre regional que las sociedades emisoras.
Si es público, el mercado de valores es transregional. Las bolsas de valores, es decir, la posibilidad de comprar y vender acciones en ellas, cualquiera que sea el origen geográfico de quien participa, es cada vez más corriente. Hace poco la Bolsa de Valores de Colombia anunció la integración con otras bolsas de la región para abrir la posibilidad de transar valores a colombianos, peruanos o chilenos.
El mercado público de valores bien regulado es, en el fondo, un excelente asignador del ahorro hacia las mejores inversiones. En ese sentido, juega un papel fundamental dentro de la economía social de mercado que preconiza nuestra Constitución. Es de desear, por ejemplo, que el proyecto de ley sobre modernización del mercado de capitales que se ahogó en esta legislatura pueda ver su día pronto.
Este episodio de las opas –que aún no concluye pero que pronto terminará– nos dejará enseñanzas valiosas sobre el mejor camino para avanzar hacia un mercado de valores más eficiente, más transparente y más moderno.
Fuente: EL TIEMPO
