El tiempo para que las directivas de Mercadería, matriz de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, se pongan al día con los más de 135.000 millones de pesos, que le adeudan a sus empleados, bancos, arrendadores, proveedores y la Dian, entre otros acreedores, vence mañana 10 de mayo.
Si no se cumple con ese plazo, fijado por las mismas directivas de la compañía, quienes aseguran tener un inversionista (JF Capital International Limited) que les aportará los recursos para saldar esos compromisos, es muy probable que la Superintendencia de Sociedades ordene la liquidación de la organización, la cual fue admitida a proceso de reorganización a mediados de enero del 2022.
Una decisión en ese sentido podría adoptarse el jueves de esta semana, cuando se reanude, a las 9 a. m. la audiencia pública, convocada para encontrarle soluciones a la crisis por la que pasa esta cadena de tiendas del país.
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La advertencia viene del propio Santiago Londoño Correa, superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, quien luego de escuchar a los representantes de Justo & Bueno sobre los supuestos avances de la venta de la firma al fondo chino JF Capital, dejó claro que los documentos aportados sobre esa negociación “no arrojan información precisa y cierta que brinde juicio de convencimiento sobre los planes de capitalización, y que sumando al impacto socio económico de la insolvencia, hace debatible la finalidad del trámite de reorganización”.
En la organización hay completo hermetismo acerca de dichos avances. Michel Olmi, fundador y presidente de Mercadería le dijo a EL TIEMPO a finales de la semana pasada a través de un mensaje de texto, que se encontraba “de viaje cerrando unas transacciones”.
Sin embargo, a más tardar mañana esa millonaria deuda debe estar saldada y así lo deben poner en conocimiento de la Supersociedades y de los propios acreedores el jueves los representantes de la firma, cuando se reanude la tercera sesión de la audiencia pública convocada para ese fin.
Justo & Bueno le debe a sus empleados unos 42.000 millones de pesos, en arriendos las obligaciones pendientes suman cerca de 35.000 millones, en contratos de renting son unos 19.700 millones, las obligaciones tributarias sin cancelar suman cerca de 17.100 millones de pesos, mientras que en otros gastos los atrasos superan los 20.600 millones.
Posibles salidas
Ese cúmulo de deudas tiene divididos a los acreedores, quienes ante la poca certeza que tienen hasta ahora sobre la llegada del nuevo socio que le inyectará los recursos a la sociedad para ponerla al día en esa obligaciones, están planteando algunas soluciones que eviten la liquidación de la compañía, lo que tendría graves efectos económicos para cientos de familias.
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Y es que mientras los arrendadores de cerca de 1.000 locales en los que operan aún las tiendas de Justo & Bueno en todo el país le han solicitado a la Supersociedades la liquidación de la organización, lo que les permitiría recuperar sus inmuebles, representantes de proveedores y otros acreedores abogan por hallar salidas que le devuelvan a la organización su capacidad operativa y de generación de ingresos, que le faciliten el pago de sus obligaciones.
Algunas de las propuestas, que fueron presentadas en la segunda fase de la audiencia, apuntan a una eventual capitalización de las acreencias, la búsqueda de otros inversionistas y el suministro de mercancías y productos que le den continuidad a la operación de la compañía, aseguren la confianza de los clientes.
En tal sentido, Londoño Correa, ordenó que todas las propuestas fueran discutidas directamente con la compañía, y radicadas en el expediente, al tiempo que instó Mercadería a estudiar las diversas soluciones propuestas por los acreedores para soslayar la situación de crisis, incluida la eventual modificación de modelo de negocio, y considerarlas como una fórmula del acuerdo a negociar.
Sin embargo, la posibilidad de capitalizar las acreencias no les suena, sobre todo, a los arrendadores de los locales, quienes están dispuestos a ‘darse la pela’ y perder lo que les adeudan con tal de que les restituyan sus inmuebles, a muchos de los cuales ya les cortaron el servicio de energía y no se les hace el mantenimiento adecuado, por lo que hoy comienzan a lucir deteriorados.
César Higuita, presidente del sindicato de trabajadores de Justo & Bueno, dice que la posibilidad de hacer parte de la compañía los tiene divididos, pues hay quienes creen que puede ser una salida, pero otros temen que puedan ser engañados por los actuales dueños.
“Él (Michel Olmi) nos ha dicho que creamos en su palabra”, dice el vocero sindical, pero que muchos de sus compañeros ya están cansados y quieren hechos reales.
Marco Gerardo Monroy Rosas, representante de MGM Sustainable Energy Fund y de la empresa MGM Sustainaible Energy, firmas que han aportado al proceso, señaló en la pasada audiencia que hace un mes se viene adelantando una labor de gestión para crear confianza a un nuevo inversionista que llegue.
La fórmula que se ha diseñado es con un fondo que llegaría al final de mayo a la espera de ciertas condiciones, para capitalizar todo el valor permita dentro del proceso de insolvencia a cambio del 15 por ciento de las acciones de la empresa y el 85 por ciento restante ofrecerlo para quienes inviertan capital y llevan a la recuperación de la empresa.
Según Monroy, dado el detrimento en inventarios, ahora la suma que se necesita está entre 60 y 70 millones de dólares y según la proposición, una vez los inversionistas logren recuperar 7 veces el tamaño de su inversión, se invertirían los derechos económicos, para que los acreedores, en lugar de tener el 15 por ciento, pasen a tener el 60 por ciento.
Y agregó que a este punto se llegaría cuando se alcancen las ventas del 2020, cuando comenzó la pandemia.
Por ahora, resta esperar si la llegada del fondo chino se concretó y mañana la compañía cumple con lo pactado hace unos días de ponerse al día con el pago de los gastos de administración generados desde mediados de enero del presente año.
Fuente: EL TIEMPO
