El posible fin de las Zonas Francas en Colombia, hoy en día, las Zonas Francas son
consideradas un instrumento para la atracción de inversión, la generación de empleo y la competitividad del país.
Sin embargo, actualmente se están presentando preocupaciones basadas en las modificaciones propuestas en la Reforma Tributaria; generando un ambiente de incertidumbre sobre los beneficios derivados de éstas.
Vea: https://www.america-retail.com/colombia/fenalco-y-asocia…a-firman-acuerdo/
Las Zonas Francas son aquellas áreas geográficas del territorio nacional en donde se desarrollan actividades comerciales e industriales de bienes o servicios, bajo una normatividad especial en materia tributaria y aduanera.
En el marco de los beneficios tributarios
Las personas jurídicas calificadas como usuarios de Zonas Francas cuentan con una tarifa especial del Impuesto Sobre la Renta del 20% (la tarifa general para personas jurídicas es actualmente del 35%).
Por su parte, en términos aduaneros, es importante resaltar que, estas zonas se encuentran por fuera del Territorio Aduanero Nacional (TAN), lo que significa que la introducción y/o salida de los bienes entre este tipo de zonas no se consideran importaciones o exportaciones respectivamente.
Estas áreas han permitido generar alrededor de 147.000 empleos en los 22 departamentos donde se encuentran establecidas, también, se han reportado una acumulación de inversiones por $44 billones de pesos de los cuales el 13% representan inversión extranjera directa y generan 114.603 empleos directos e indirectos en el país, generando así crecimiento en diferentes sectores de la industria de la salud, generación de energía, papel, agroindustria, entre otros.
A pesar de lo anterior, este panorama está por cambiar si se aprueba el texto de la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno actual.
“Con dicho proyecto de reforma, se piensa modificar el tratamiento tributario del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, estableciendo un tope de ventas máximas al TAN para seguir siendo beneficiarios de la tarifa especial.
En ese sentido, la propuesta consiste en que las personas jurídicas usuarias de las Zonas Francas podrán conservar la tarifa del 20% del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando, en desarrollo de su plan de internacionalización (que debe estar aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable) la suma de sus ingresos netos por operaciones de cualquier naturaleza en el TAN
Y demás ingresos obtenidos por actividades diferentes a las cuales fue autorizado o calificado – no superen el umbral establecido por el Gobierno, el cual no podrá ser superior al 40% para el año gravable 2024, 30% para el año gravable 2025 y 20% a partir del año gravable 2026.” expresó Santiago Arbouin, Socio de la firma CMS Rodríguez-Azuero.
Aquellos usuarios de Zona Franca que incumplan este requisito por tres años consecutivos podrán perder su calificación, autorización o reconocimiento para el desarrollo de actividades en estas zonas y perderán sus beneficios, sin perjuicio de poder continuar su operación en estas áreas.
“Con este nuevo panorama, surgen algunas preocupaciones al considerar que estas modificaciones contravienen las finalidades de las Zonas Francas e incluso los compromisos que tiene Colombia con la Organización Mundial del Comercio (OMC), al exigir a los usuarios que exporten el 80% del total de sus ventas.
Al respecto, debe recordarse que estas zonas son herramientas para la instrumentalización e internalización de la economía, de manera que, de implantarse esta propuesta, se generaría una amenaza y desincentivo de la llegada de la inversión extranjera al país, que, a su vez, impactaría negativamente la generación de empleo de la cual dependen millones de familias vinculadas.” agregó Natalia Recio, Asociada de CMS Rodríguez-Azuero.
Con todo lo anterior, se espera que el Gobierno reconsidere esta propuesta, pues exigir dichos requisitos pondría en riesgo la existencia de alrededor de 1.009 empresas que operan en las 122 Zonas Francas que existen hoy en día en los 22 departamentos del país
También, se alejaría la inversión extranjera y consecuentemente, se perderían muchos empleos de aquellas personas y familias que dependen de estas zonas; todas estas preocupaciones en detrimento de la economía del país.
