Por primera vez, desde que se anunció el cese de operación en Colombia de las fábricas de Coltabaco – Philip Morris International, en Medellín y Barranquilla, la compañía habla con un medio de comunicación para sentar un precedente sobre lo ocurrido, explicar qué cifras maneja de impacto y cuál es el plan a seguir.
En una entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO, Carlos Adolfo Guzmán, vicepresidente de la compañía afirmó que hoy las condiciones nacionales les impiden seguir fabricando en Colombia y, para ganar competitividad, ha decidido que lo mejor es trasladar su producción a México.
La compañía argumenta que la reforma tributaria de 2016 implicó un paso del impuesto al consumo en un año de 700 pesos a 1.400 pesos, por cajetilla de 20 en 2017, y de 1.400 a 2.100 para 2018, lo que significó un aumento desmesurado del contrabando, que llegó a su punto más alto, al 25 % del mercado.
La realidad local se muestra en las cifras reportadas de la empresa a la Superintendencia de Sociedades a cierre del año pasado, en las que las pérdidas llegan a 3.124 millones de pesos, pese a tener unos ingresos de 639.379 millones; en contraste con un 2017, en el que las ganancias llegaron a 10.611 millones de pesos y los ingresos fueron de 569.819 millones.
El declive de una operación de cien años, que reportaba 900 empleados operando directamente, deja un saldo de 350 trabajadores de la operación fabril y 1.400 tabacaleros en un proceso de ajuste: los primeros de retiro voluntario, y los segundos, con la posibilidad de obtener un bono para hacer un cambio en su cultivo.
La empresa centenaria da un parte de tranquilidad sobre los 550 empleados que no entran en un proceso de “retiro voluntario”, que están en áreas administrativas, de marketing y comerciales, principalmente, y de su permanencia como marca de cigarrillos en el país.
Marcas emblemáticas de la empresa como Marlboro, Chesterfield y Piel Roja seguirán llegando al país, así como los recursos prometidos de Philip Morris International a la Federación Nacional de Departamentos (FND) para hacerle frente al contrabando.
Por ahora, la prioridad, según Guzmán es llegar a un acuerdo con los trabajadores.
¿Cuáles son las implicaciones del anuncio del 5 de junio?
“Cerrar la fábrica de Medellín y la planta de Barranquilla. Además, la culminación de la compra de hoja de tabaco por la compañía a cultivadores de tabaco a partir de diciembre de 2019. Sin embargo, nosotros no nos vamos del país, nos quedamos en Colombia, estamos haciendo unos ajustes, pero sigue siendo un negocio sostenible en el país y así estamos; y nos quedaremos hasta que las condiciones así lo permitan.
Colombia es un país estratégico para la compañía a nivel mundial. El negocio acá es sostenible, pero en nuestras proyecciones vimos que hay unas condiciones claras que nos exigen cambios y ajustes para generar nuevas eficiencias que garanticen esa sostenibilidad en el negocio en el largo plazo.
Nuestra apuesta está enmarcada en la estrategia de la multinacional de un mundo libre de humo. Ahí es donde nos estamos concentrando: en otros productos distintos al cigarrillo convencional que nos permitan ser una alternativa efectiva para la población adulta del país. Eso es lo primero”.
¿En qué momento se dieron cuenta que no había retorno?
En general, Philip Morris es una compañía que constantemente está buscando un modelo de operación que se adapte a las realidades que vive el sector. Para nadie es un secreto que hoy la industria de tabaco tiene una realidad muy distinta a la de los años anteriores: se hablaba del comercio ilícito, de las condiciones fiscales que propiciaron el aumento del contrabando en el país. De tal suerte que no, esta no es una decisión tomada de la noche a la mañana. Es un ejercicio juicioso que hizo la compañía a nivel local y global.
Precisamente desde el momento que vimos que el contrabando iba a ser un problema para el país, para la industria, lo veníamos evaluando permanente. No solo en Colombia, es un ejercicio juicioso para que el negocio sea sostenible”.
¿Cómo ha sido el proceso de desinversión? ¿Si no existiera el impuesto la decisión sería distinta?
“El esquema responde no solo a una dinámica de la compañía, sino a unas condiciones estructurales del país. La reconvención de nuestro modelo de operación responde a que con la Reforma Tributaria de 2016, el Gobierno realizó generó unos incrementos abruptos del impuesto al consumo al cigarrillo —se estableció un incremento al impoconsumo de tabaco de 700 a 1.400 pesos por cajetilla en 2017 y de 2.100 pesos para 2018—. Producto de ese incremento, se generó un aumento exacerbado del contrabando. Naturalmente, bajo esas condiciones, el modelo tuvo que ser ajustado”.
El cigarrillo que se va a dejar de producir en Colombia, ¿dónde se va a producir?, ¿cuánto tienen en stock para soportar la operación?
“Desde el día que dejamos de producir cigarrillos en el país, lo importamos desde México. Ese proceso toma un tiempo. Nosotros fuimos muy cuidadosos, no solo en la parte legal, sino también en la operación antes de tomar la decisión. Garantizamos que antes de la llegada de la importación de México, hay un stock suficiente para satisfacer las necesidades de consumo del país. Esa cifra es confidencial”.
¿Cómo explicar que si el impuesto en ese país es más alto, saldría más barato traerlo desde allá?
“El impuesto al consumo es nacional, no aplica para comercio exterior, lo que se estudia en este caso es el tema de aranceles. Nosotros tenemos varios tipos de acuerdos comerciales. Por razones de facilidad operativa, México es el país con el que decidimos trabajar. Los cigarrillos importados desde ese país pueden acceder a un arancel del 0 %. No habrá impacto en los precios de los cigarrillos por este concepto”.
Ustedes hablan mucho del contrabando, ¿cuánto pierden por cuenta de eso?
“El contrabando le quita mercado legal al país, es un problema serio para la industria. Los grandes perjudicados son los departamentos, que son los receptores del impuesto al consumo. En 2016 el 13 % del mercado nacional era contrabando, en 2017, subió a 18 % y en el año pasado llegó a ser el 25 %, la cifra más alta reportada. Los departamentos han dejado de recaudar cerca de 670.000 millones de pesos”.
En términos tributarios, ¿cuál va a ser el impacto para el departamento por la salida de la fábrica?
“Ninguno. En eso queremos ser muy enfáticos, porque hemos visto que han dicho que hay posibles impactos negativos. La respuesta es que el nuevo modelo de operación no impacta la recaudación del impuesto al consumo, independientemente del origen del producto, si es elaborado en el país o es importado”.
¿Los departamentos aseguran que con la importación el contrabando les va a afectar el recaudo?
“Si el contrabando sigue aumentando de manera desmesurada, como viene haciéndolo, los 670.000 millones de pesos que han dejado de recibir todos los departamentos por cuenta del contrabando, —no por cuenta del modelo nuevo de operación de Coltabaco— pues va a seguir aumentando y el recaudo va a seguir cayendo. Eso es independiente a nuestra decisión”.
¿En qué consiste el plan?
“Lo que estamos buscando es el bienestar, las condiciones más favorables posibles. Estamos hablando en promedio a 4,5 años de remuneración, y en algunos casos a 11 años. Los paquetes que ofrecemos son económicamente muy generosos, están por encima de lo establecido. Y para que se hagan una idea el ingreso promedio mensual es de 4,5 millones de pesos. Estamos hablando de 350 empleados a los que les hemos ofrecido un paquete de retiro voluntario. (…) Estamos en un proceso de comunicación, no de negociación con el sindicato”.
Y qué va a pasar con los tabacaleros, ¿A cuántos impacta?
“Nosotros honramos los compromisos adquiridos con 1.400 cultivadores hasta el cierre de la cosecha 2019. No por la decisión, se va a frenar esa compra. Es el deber ser con los tabacaleros. Estamos pensando en ofrecer un bono voluntario que se va a entregar al finalizar este año. Estamos dispuestos a ofrecer actividades de capacitación para apoyar esa transición”.
