El Convenio podría validar el uso de software espía, que ya está siendo utilizado contra periodistas y defensores de derechos humanos en la región.
El martes 18 de abril, a las 13:00 hrs. (UTC-4), organizaciones de América Latina y Estados Unidos informarán a los medios de comunicación sobre las graves amenazas que supone la Propuesta de Convenio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Cibercrimen, que se discute desde la aprobación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en 2019. El documento podría validar el uso de software espía, que ya está siendo utilizado contra periodistas y defensores de derechos humanos en la región.
Convenio de Naciones Unidas sobre Cibercrimen
Por el momento, el tratado negociado por los Estados Miembros de la ONU carece de salvaguardas que garanticen que su implementación no habilitará violaciones a los derechos humanos, amenazando el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el debido proceso y las libertades civiles, especialmente en países con historiales de autoritarismo y abusos policiales.
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La propuesta del convenio crea más de 30 nuevos delitos cibernéticos, nuevos procedimientos penales para el intercambio transfronterizo de presuntas pruebas —incluyendo datos personales— y mayores facultades de vigilancia para las policías. Pero el lenguaje utilizado en muchas ocasiones es amplio y confuso en su alcance, posibilitando interpretaciones amplias y generando posibilidades para abusos estatales. Durante años, la sociedad civil y las organizaciones internacionales han advertido que la amplitud y vaguedad con que se invocan las leyes sobre delitos en entornos digitales pueden ser utilizadas, por ejemplo, como una forma de persecución política.
Además, el Convenio se negocia mientras aumenta la evidencia de que software espía como Pegasus y el hackeo gubernamental se han utilizado contra grupos en situación de vulnerabilidad, periodistas y activistas de derechos humanos, en lugar de investigar o enjuiciar delitos. De ratificarse el texto, acciones como las descritas podrían intensificarse a lo largo de toda América Latina, invalidando principios jurídicos vigentes en Chile y en la región como el debido proceso y libertad de expresión. Para Michel de Souza, director de políticas públicas de Derechos Digitales “hay muchos puntos en que resulta crucial la atención de los representantes de gobiernos principalmente de América Latina para garantizar la adecuada protección de derechos fundamentales en la persecución del ciberdelito”.
La sesión informativa será transmitida en vivo desde la 5° sesión de negociaciones del Convenio en Viena, donde representantes de más de 100 Estados Miembros se reunirán para discutir un documento de borrador que servirá como base para el tratado, y contará con la participación de miembros de Derechos Digitales, Fundación Karisma, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la Electric Frontier Foundation (EFF).
Los expertos informarán a los periodistas sobre las cuestiones más alarmantes del borrador, brindarán información sobre el impacto potencial en los usuarios y las empresas de tecnología y explicarán los esfuerzos de la sociedad civil para incluir mejoras al texto, que podrían discutirse y aprobarse en los próximos meses.
