El empleo intermediado por las plataformas digitales -como las de transporte y de entrega a domicilio- no ha hecho más que crecer durante la pandemia. Estimaciones del Ministerio del Trabajo apuntan a que unas 300 mil personas podrían estar logrando ingresos de esta forma.
Esta mayor visibilidad ha elevado el interés por regular este nuevo tipo de empleo, manteniendo su flexibilidad pero garantizando resguardos básicos a los trabajadores, como seguridad social, horarios y derecho a la desconexión. Esto, reconociendo que su desempeño es central para el éxito de estos negocios.
Un debate que no es solo local, sino que ha enfrentado posiciones en países como Reino Unido, con el fallo que los considera trabajadores y no contratistas independientes, y en Estados Unidos: en California sus votantes determinaron que los conductores de Uber y otras plataformas sí debían ser autónomos.
Pero este tipo de empleo no puede asimilarse mecánicamente a un trabajo dependiente o independiente, como los que conocemos hoy: ahí está una de las dificultades centrales de los intentos por legislar.
Hasta ahora, los dos proyectos que se discuten en el Congreso no solo no coinciden en sus enfoques, sino que evaluados por separado tampoco parecen concitar los respaldos necesarios para seguir sus respectivos caminos legislativos.
El complejo acuerdo del Senado
En mayo de 2020, los senadores Manuel José Ossandón (RN), Carolina Goic (DC),David Sandoval (UDI) y Juan Pablo Letelier (PS) ingresaron una moción que otorga garantías básicas a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales.
La propuesta fue pulida en la Comisión de Trabajo del Senado bajo el liderazgo de su presidente, el senador Letelier; y el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab por parte del Ejecutivo. Terminó configurándose una fórmula que, por un lado, define a las empresas que realizan una actividad económica mediante sistemas informáticos que reúnen oferta y demanda. Y por el otro, a quienes les prestan servicios en calidad de dependientes o independientes. Se propone que, mediante contratos especiales, estos trabajadores sean remunerados por hora y protegidos frente a accidentes, invalidez, desempleo y responsabilidad civil por daños.
Cuando se votó en la Sala el 28 de enero, el acuerdo transversal logrado permitió que se aprobara la idea de legislar, pero no alcanzó para ratificar su contenido, como esperaban sus promotores. «Este proyecto hay que verlo en detalle para no dejar en la indefensión a quienes trabajan para plataformas. Es importante tener normas claras y no que se terminen relativizando los derechos de los trabajadores», sostuvo el senador Alfonso De Urresti (PS). La división entre dependientes e independientes fue uno de los asuntos debatidos en la sesión.
Ahora, con plazo para ingresar indicaciones hasta el 5 de marzo, la Comisión de Trabajo deberá debatirlo en particular y reabrir puntos que parecían cerrados. El episodio deja también lecciones: los acuerdos logrados en la comisión no tienen asegurado el respaldo de la Sala.
Esto puede se crítico si se aplica a la reforma de pensiones, que sigue un curso similar. Pero desde La Moneda advierten que hay una diferencia radical: los negociadores del Ejecutivo en pensiones (los ministros de Hacienda y Trabajo) tienen plenos poderes y están en constante sintonía con el equipo presidencial, lo que no habría ocurrido con el subsecretario Arab.
La fórmula de la Cámara
Otra es la realidad de la moción parlamentaria impulsada desde 2019 por los diputados de RD Giorgio Jackson y Maite Orsini, Gael Yeomans (CS) y Raúl Soto (DC). La iniciativa fue despachada a la Sala de la Cámara el 7 de enero y está en tabla para ser votada en marzo, pero solo cuenta con el respaldo de la oposición.
Esta iniciativa apunta a regular el contrato de quienes desarrollan labores en plataformas digitales, estableciendo que existe subordinación y dependencia (los factores que determinan la existencia de una relación laboral) entre la aplicación y el trabajador. Así, la persona podrá ejercer todos derechos individuales y colectivos que tienen los trabajadores, aunque se regulan algunos aspectos específicos. En la práctica, esto implica que siempre habrá un contrato de trabajo, lo que «rigidiza una relación que se caracteriza por su flexibilidad y puede no convenirle a quienes trabajan en esto de forma esporádica o solo algunas horas o días a la semana», comentó un asesor de Gobierno.
Los diputados oficialistas presentaron un conjunto de indicaciones en la Comisión de Trabajo, que no prosperaron. «Las reiteraremos en Sala», explica el diputado Patricio Melero (UDI), lo que tendría como efecto de devolver el proyecto a la comisión para un segundo informe, dando más espacio para revisiones.
El parlamentario explica que lo que buscan básicamente es «incorporar el concepto de empresas prestadoras de servicios, dado que las plataformas por sí mismas no lo son». Junto con ello, que quienes presten servicios personales intermediados digitalmente reciban «todos los beneficios de seguridad social, previsionales, vacaciones, entre otros. Pero no con un contrato fijo que les reste la necesaria flexibilidad, dado que varios trabajan para más de una plataforma».
La visión de las apps
Fuentes del Congreso comentan que habría preocupación entre las plataformas digitales por el curso que han tomado los intentos de legislar. Esto, al generarse cierto vacío luego que el acuerdo logrado en la Comisión de Trabajo del Senado quedara «sin piso», y en la Cámara tampoco se esbocen avances.
«En PedidosYa hemos estado y seguiremos estando abiertos a aportar en un diálogo moderno y constructivo que logre un equilibrio y beneficie a todas las partes involucradas», dijeron desde la empresa. Añadieron que aspiran a «ser parte activa en la discusión regulatoria para que todo el ecosistema; es decir, empresas, repartidores, socios y clientes, se vean beneficiados por medio de una legislación moderna y flexible”.
Desde Uber, por su parte, dijeron compartir «la necesidad de promover las mejores condiciones para quienes desean generar ingresos usando la tecnología y que sean compatibles con los atributos de autonomía e independencia, que son los más valorados por quienes eligen la aplicación de Uber». Precisaron que el marco regulatorio de esta actividad «debería apuntar a mantener el acceso a las oportunidades económicas que ha generado Uber en Chile, de manera que quienes deseen y necesiten puedan proveer a sus familias una mejor calidad de vida».
