- Las empresas debemos entender que el modelo productivo que hemos mantenido por casi 200 años está agotado y nos es factible ni consistente con los límites del planeta. Somos parte de un todo, de una estructura social que no solo nos pide producir y rentabilizar, sino también tener conciencia del impacto de nuestras acciones, la necesidad de reconsiderarlas y compensarlas, cuando se requiere.
Hace 35 años, el 6 de agosto de 1987, Naciones Unidas publicaba el Informe Brundtland, primer documento oficial que daba cuenta del conflicto entre el desarrollo económico y el equilibrio medio ambiental global.
El informe, cuya redacción fue liderada por la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, demostraba en base a datos y acumulación de evidencia comparada como la trayectoria económica de la humanidad, partiendo como gran hito con la Revolución Industrial, había tenido costos medioambientales insospechados en su origen y cuya “vuelta atrás” era ya muy difícil.
Formalmente, este documento se llamó “Nuestro futuro común”, y su particularidad fue que por primera vez se utilizó el término “desarrollo sostenible”, refiriendo a aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”, apelando así a factores morales dentro del debate medioambiental y la capacidad de seguir desarrollándonos como humanidad.
La incorporación del sesgo moral a la discusión medioambiental no es trivial. Hoy, a 35 años de la publicación del Informe Brundtland y cuando la sostenibilidad dejó de ser una bandera medioambiental, tratar de instalar la idea de compromiso, de largo plazo, de responsabilidad transgeneracional en cada una de las decisiones productivas que tomemos, es el nuevo desafío.
Y es justamente esta nueva visión la que ha logrado permear cada día más a las personas, compañías, gobiernos. La hoja de ruta hacia la descarbonización total de la matriz productiva ya no es una pretensión sólo de grupos ambientalistas, es una prioridad, una agenda a que han adherido comunidades, lideres de opinión, académicos, expertos, programas estatales, y un largo y exitoso etcétera.
Logramos entender que tenemos la obligación, como personas y sociedad, de hacernos cargo de nuestras acciones, las misma que hoy están haciendo un profundo daño al planeta. Debemos cambiar la manera en que producimos, nuestros hábitos de consumo, nuestra relación con el planeta y la manera en que convivimos con este.
Y acá, pese a que todos los esfuerzos suman, es necesario llegar a ciertos consensos mínimos que permitan que cada acción tenga un propósito.
Los gobiernos deben pensar en agendas de largo plazo y que se extiendan más allá de su gestión que, muchas veces, está más marcada por la contingencia, el día a día, que enfocada en aquellas acciones cuyos resultados y réditos se dan años después. Gobiernos y gobernantes con propósito entienden, además, que si bien las agendas deben ser de largo plazo, su actuar debe empezar ahora.
Las personas, tenemos que pensar en un actuar coherente, con sentido, que permee nuestro día a día. Que la sostenibilidad y medio ambiente no sean acciones puntuales, sea una manera de transitar por la vida. Con la plena conciencia que cada acción personal repercute en el entorno, en el medio ambiente, en el otro, en el barrio, en el país. Debemos volver a desarrollar el sentido de comunidad, de poner cosas en común, de vivir el día a día pensando en el impacto de nuestras acciones. La botella que botamos hoy en la calle resulta en las cinco piscinas olímpicas de plástico que lanzamos en nuestros océanos anualmente en Chile.
Las empresas debemos entender que el modelo productivo que hemos mantenido por casi 200 años está agotado y nos es factible ni consistente con los límites del planeta. Somos parte de un todo, de una estructura social que no solo nos pide producir y rentabilizar, sino también tener conciencia del impacto de nuestras acciones, la necesidad de reconsiderarlas y compensarlas, cuando se requiere.
¿Es relevante, en el contexto económico y geopolítico actual, esta discusión? ¡Más que nunca! Un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la OCDE advirtió que en el periodo de pandemia las principales economías del mundo aumentaron sus subsidios a los combustibles fósiles mismo en un escenario de menor actividad económica, anticipó problemas en la cadena de suministro y una recesión económica en ciernes. Sólo en 2021 las grandes potencias destinaron casi US$ 700 mil millones a subsidios directos al consumo de combustible fósiles, cifra que se podría expandir aún más este año, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Si bien esta medida se puede justificar desde el razonamiento economicista, al focalizar recursos en sectores vulnerables, desde el punto de vista medioambiental representa un importante retroceso respecto de las políticas que se habían implementado durante los últimos años, e inyecta, además, un “estímulo” difícil de retirar el próximo año, cuando ya existe consenso de que la economía global podría enfrentar una importante recesión.
En agosto pasado el Informe Brundtland cumplió 35 años. No cabe duda de que desde su entrega el mundo, la sociedad, las empresas y los gobiernos han asumido la necesidad de un cambio de paradigma, de una manera de hacer las cosas, pero queda mucho por avanzar. El sentido de urgencia no ha disminuido y los esfuerzos de todos deben estar acorde a estos.
