Según publicó latercera.com, tras la polémica generada por las denuncias de venta de ropa falsificada en contra de La Polar, la calsificadora de riesgo ICR decidió rebajar la nota de la empresa de retail.
“ICR modifica desde BB-/Negativa hasta B+/Negativa la clasificación asignada a la solvencia y bonos de Empresas La Polar S.A., fundamentado en el escenario adverso que se ha configurado para la compañía, al enfrentar denuncias que cuestionan la originalidad de algunos de sus productos comercializados, en un trimestre clave para la actividad de la compañía y del sector”, dijo la clasificadora en un comunicado.
A esto, añadió, se suma el proceso judicial que mantiene abierto con AFP Capital, y a las perspectivas negativas para el consumo minorista en general y para el escenario macroeconómico local, que podría aumentar los niveles de riesgo del negocio financiero.
Denuncias de venta de ropa falsificada
El lunes 21 de noviembre de 2022, Carabineros allanó dependencias de La Polar ante una denuncia de posible falsificación de prendas de vestir de la marca Under Armour, instancia en la que se incautaron productos por aproximadamente $18 millones.
Una denuncia de la misma índole recibió La Polar por parte de Adidas, ejerciendo acciones legales en contra de la compañía.
La Polar, por su parte, ha señalado que cuenta con todos los antecedentes necesarios para comprobar la autenticidad de los productos pertenecientes a las marcas puntualizadas con anterioridad.
“Si bien este asunto puede avanzar hacia procesos judiciales que, por lo general, toman tiempo en resolverse, lo que impide estimar un efecto financiero concreto en esta etapa temprana del proceso, de las acusaciones que ha recibido la empresa estimamos que, en lo inmediato, su reputación podría verse afectada dado el alto alcance mediático de las denuncias, en meses que concentran un porcentaje importante de las ventas del retail, ejerciendo presiones adicionales sobre sus resultados y flujos, que no estaban consideradas en nuestro escenario base de análisis”, dijo la clasificadora.
Agregó que “consideramos que estas acusaciones también podrían abrir espacios para eventuales demandas colectivas lideradas por el Servicio Nacional del Consumidor, lo que agregaría otra acción judicial a la que ya enfrenta actualmente con AFP Capital por asuntos relativos a las repactaciones unilaterales realizadas en el pasado, cuya opinión emitimos en octubre de 2022 a través de nuestro comunicado de cambio de tendencia desde Estable a Negativa”.
Incertidumbre
En dicha instancia, afirmó “señalamos las dificultades que presentaría la empresa a nivel de liquidez si se cumpliese un escenario en el que deba cubrir el total de la liquidación dentro del corto plazo, requiriendo de financiamiento externo si eso sucediese. Así, los hechos que han involucrado a la compañía en el último tiempo, sumados a las perspectivas negativas para el retail, coinciden con un período en el que el emisor presenta una liquidez ajustada y ratios crediticios que definitivamente se desviarían del rango suficiente para sostener su clasificación, de avanzar negativamente estas contingencias para La Polar, por lo que no descartamos nuevas bajas de clasificación”.
Lo anterior, precisó, justifica la tendencia Negativa asignada a su clasificación, que incorpora el alto nivel de incertidumbre al que está sometido el emisor, derivado de una serie de eventos, todos negativos en términos de su fortaleza y credibilidad de marca, lo que podría incidir desfavorablemente en el nivel de ventas de la compañía al corto plazo.
Este último punto es relevante, considerando el mecanismo de financiamiento que utiliza La Polar, el que se rige por la obtención de flujo mediante garantía de cartera, por lo que eventuales contracciones de ventas (colocaciones) derivarían directamente en un menor stock de cartera disponible para la búsqueda de financiamiento, afirmó.
En consecuencia, precisó, si bien el bajo endeudamiento de La Polar (excluyendo arrendamientos) reduce su exposición al riesgo de refinanciamiento, la complejidad para levantar recursos limitaría el crecimiento del negocio financiero y generaría presiones sobre su operabilidad (asumiendo que no existen inyecciones de capital), además de dificultar la capacidad para cubrir eventuales egresos extraordinarios de caja.
