Felipe Bulnes negociará pago de indemnizaciones en caso La Polar

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PwC está en un momento difícil. Dos fallos dictados por la Corte Suprema la semana pasada obligarán a la auditora y consultora local a pagar millonarias indemnizaciones por el caso La Polar, un escándalo financiero y contable develado hace justo diez años.

PwC es una sociedad de profesionales y debe asumir pagos que difícilmente pueda solventar. El primer fallo, por una demanda de indemnización de perjuicios de AFP ProVida, condena a la auditora a pagar una cifra que los abogados de la administradora cifran en 2,5 millones de UF (unos US$ 100 millones). El segundo juicio, donde la demandante es AFP Capital, condena a la auditora a pagar las indemnizaciones junto a la empresa La Polar, hoy controlada por accionistas distintos del 2011, y nueve exejecutivos del retailer, entre ellos, los principales involucrados en el caso, como Pablo Alcalde, expresidente de La Polar, Julián Moreno y María Isabel Farah. En el caso de AFP Capital, el abogado de la administradora estima el monto en US$ 22 millones. PwC era la auditora encargada de analizar los balances de la cadena de retail, que durante años repactó unilateralmente las deudas de sus clientes, abultando con ello las cifras de sus estados financieros.


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Las sentencias unánimes de la Corte Suprema fueron dictados por la cuarta sala. Otra sala del máximo tribunal, la primera, estudia demandas similares de otras AFP -Habitat, Cuprum y Planvital- y de la gestora Moneda Asset Management.

Una vez conocidos los dictámenes, que sorprendieron a PwC, porque revirtieron fallos favorables de primera y segunda instancia, los socios de la auditora se han reunido para buscar soluciones al caso. Independiente del resultado de los litigios aún pendientes, que podrían terminar con sentencias parecidas a las que ganaron ProVida y Capital, la pretensión de PwC es negociar con todas las administradoras de fondos de pensiones una salida pactada que permita pagar un monto que resulte abordable para PwC.

Y para ello, PwC fichó a un intermediario que la representará en esas conversaciones. El elegido fue el abogado Felipe Bulnes, un jurista con amplia trayectoria en el mundo de los negocios, pero también en asuntos públicos: fue ministro de Justicia y Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera y luego embajador de Chile en Estados Unidos.

“Encomendamos a Felipe Bulnes que nos ayude a encontrar una solución con realismo y buena fe”, dijo a Pulso el socio principal de PwC, Renzo Corona.

Las dos características -realismo y buena fe- tienen sentido en este caso, según varias personas consultadas. PwC es una sociedad de profesionales que presta servicios y que no tiene grandes activos, por lo que el pago completo de las cifras reclamadas en la justicia es casi imposible. La sociedad chilena PricewaterhouseCoppers Auditores y Consultores SpA está integrada por 32 socios locales, donde el principal es, desde 2018, Renzo Corona, quien tiene el 14% de las acciones, según los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En el caso de PwC no hay una matriz internacional que sea accionista de la empresa chilena.

Por ello, la tensión estará entre dos fuerzas, dice una persona involucrada en el caso: si las AFP exigen el pago completo de las indemnizaciones podrían terminar forzando la liquidación de PwC en Chile y quedar sin monto alguno por recuperar; en caso contrario, si llegan a un acuerdo, podrían resarcir, en algo muy menor, a los afiliados que en 2011 tenían ahorros en sus administradoras. “Los acreedores deberán moderar sus pretensiones”, cree un profesional ligado al caso.

El rol de Felipe Bulnes será el de negociador y no el de litigante, donde siguen a cargo de los casos pendientes los abogados Pedro Pablo Vergara y Fernando Rabat.