Desde su presentación a principios de julio, el proyecto de Reforma Tributaria ha abierto una serie de interrogantes en diversos frentes, entre los que han destacado cambios al royalty, altos patrimonios, exenciones tributarias, modificaciones a las rentas de las compañías y cambios a un sistema semi-dual. Fue justamente ese el foco abordado en el webinar “Reforma Tributaria: Rentas Empresariales”, liderado por el área de Tax & Legal de KPMG en Chile y Thomson Reuters, que contó con la participación de Andrés Martínez, socio Líder de Consultoría Tributaria de KPMG, Pedro Castro, socio de Tax & Legal de la firma, y Víctor Pavez, Gerente de Consultoría de Chile & Perú de Thomson Reuters.
Proyecto de Reforma Tributaria
Andrés Martínez inició su exposición haciendo énfasis en que “el proyecto tiene una afectación directa sobre las grandes empresas, es decir, aquellas que tienen ingresos percibidos anualmente por sobre las 75 mil UF. Estas compañías van a sufrir modificaciones tanto en la determinación de la renta líquida imponible, como en el nuevo régimen dual, el cual llega a reemplazar al semi integrado que tenemos hoy”.
Por su parte, Víctor Pavez de Thomson Reuters destacó que la iniciativa gubernamental “modifica el artículo segundo de la ley de impuesto a la renta e incorpora dentro del concepto de impuestos finales -que actualmente son el global complementario y el adicional- al impuesto a las rentas del capital contenidas en el artículo 63 bis. En tanto, dentro del artículo 14 B se establece un impuesto al diferimiento, en la medida en que las utilidades que las empresas generan aún no han sido distribuidas, se van a afectar con un impuesto de 1,8%”. Tanto el cambio al impuesto al diferimiento y el 63 bis representan, en opinión de Pavez, una pesada carga para las rentas empresariales.
En tanto, Pedro Castro, socio de Tax & Legal de KPMG en Chile sostuvo que la incorporación del régimen dual impactará en tres niveles: en primer lugar, está la compañía propiamente tal, encargada de la generación de la renta; en segundo lugar, la acumulación de esa renta ya generada al interior de esa misma empresa y, finalmente, en el consumo de la renta, donde las utilidades son retiradas o distribuidas a los propietarios de la empresa”.
“Fundamentalmente, las empresas que se ven impactadas con este nuevo régimen serían las que desarrollan una actividad de primera categoría sobre la base de la renta efectiva, sujeta a la obligación de llevar contabilidad completa y que, por el nivel de ingresos que obtengan por el desarrollo de su actividad, no se encuentren posibilitados de acceder a algunos de los regímenes PYMES”, aseguró Castro.
Medidas antielusión
Sobre las disposiciones del proyecto respecto a las medidas de elusión y fiscalización, Andrés Martínez sostuvo que “lo que pretende esta reforma tributaria es darle cuerpo a la norma general antielusión mediante la aplicación de un mecanismo que ya no tiene que ver con una sede judicial en su inicio, sino que pasa netamente a ser una aplicación administrativa, donde el Servicio de Impuestos Internos va a poder iniciar una acción de fiscalización basado en la norma general antielusión y va a tener mucho que decir y bastante competencia en las primeras instancias”.
Al mismo tiempo, recalcó que una gran parte de lo que se pretende recaudar vendría de la fiscalización. “Si la reforma pretende capturar 4,1 puntos del PIB, que en términos de dinero es más menos 12 mil millones de dólares, con este nuevo conjunto de medidas se le está diciendo al SII que va a tener que ir a buscar con nuevas acciones de fiscalización, casi 5 mil o 6 mil millones de dólares anualmente. Por lo tanto, es cierto, tenemos una reforma que cambia el sistema, la lógica, los paradigmas, los registros y algunas tasas, pero en el fondo la gran reforma es este conjunto de medidas y facultades que se le está dando a la autoridad tributaria para ir a buscar esa recaudación adicional”, enfatizó.
