El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmado un decreto que aumenta significativamente el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) aplicado a la venta de armas de fuego y municiones en el país. Esta medida incrementará la tasa del IPI del 29,25% al 55%, lo que se traducirá en un aumento de los impuestos que gravan la comercialización de revólveres, pistolas, escopetas, armas recargables, carabinas, spray de pimienta y cartuchos. Aunque el decreto ya ha sido publicado, su efecto se retrasará hasta el primer trimestre de 2024.
Este cambio en la tributación tiene como objetivo aumentar la recaudación del Gobierno en 342 millones de reales, equivalentes a unos 68 millones de dólares, a partir del próximo año. La intención del Gobierno federal es dificultar aún más el acceso de la población a armas de fuego y municiones. Anteriormente, el presidente Lula había reducido la cantidad de armas que podían ser adquiridas por civiles, incluyendo cazadores, tiradores y coleccionistas (CACs).
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Este cambio representa un marcado contraste con la política de la administración anterior de Jair Bolsonaro, que promovía el acceso a armas de fuego por parte de la población civil. Durante su mandato, se emitieron más de 40 decretos destinados a facilitar la adquisición de armamento. Según un informe del Instituto Sou da Paz, el número de armas registradas a nombre de CACs aumentó de 350,000 en 2018 a un millón en julio de 2022.
El decreto también forma parte de un programa más amplio de acción en seguridad diseñado para reducir la violencia en Brasil. Entre otras medidas, limita la cantidad de armas y municiones que los civiles pueden adquirir para defensa personal, restringe el funcionamiento de los clubes de tiro y ajusta las regulaciones para diferenciar entre armas utilizadas por las fuerzas de seguridad y civiles comunes. Además, reduce la validez de los registros de armas de fuego y traslada el control de las mismas de las fuerzas armadas a la Policía Federal.
Con información de Prensa Latina
