En la madrugada del lunes 27, después de diez meses de disputas y negociaciones, Americanas llegó a un acuerdo con los bancos acreedores sobre su plan de recuperación, marcando un hito en la reestructuración de sus operaciones. La empresa, que admitió un fraude contable de miles de millones de dólares en enero y recurrió a los tribunales para solicitar la recuperación, prevé que, tras la implementación del plan, su deuda bruta se reducirá a R$ 1.875 millones.
El acuerdo implica una capitalización de R$ 24 mil millones, dividida entre R$ 12 mil millones aportados por los accionistas de referencia, como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, y la conversión de deuda en acciones por parte de los bancos acreedores, operación valorada también en R$ 12 mil millones. Después de la implementación del plan, se espera que la deuda bruta de la empresa alcance los R$ 1,875 millones, significativamente menor que los R$ 37.3 mil millones registrados a finales de 2022.
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Los términos del acuerdo, detallados en un documento de 261 páginas, fueron meticulosamente estructurados para evitar lagunas en los compromisos asumidos, contribuyendo al retraso de cinco meses en su firma. Entre los compromisos aceptados por el 35% de los tenedores de deudas de la empresa, se encuentra la aprobación sin reservas del plan de recuperación judicial por parte de los bancos, que incluyen Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil y BV.
La empresa recibirá una contribución de R$ 12 mil millones de sus accionistas de referencia, y la otra mitad provendrá de la conversión de deuda bancaria en acciones. Los recursos obtenidos se destinarán a pagar a los acreedores financieros, con una subasta inversa y anticipos de créditos descontados.
Además, se llevará a cabo una asamblea general para elegir un nuevo consejo de dirección después del aumento de capital. Americanas también obtuvo garantías firmes de los bancos acreedores para avales bancarios o seguros de garantía por un valor de R$ 1.5 mil millones, renovando líneas de crédito como parte del plan de recuperación judicial durante los próximos dos años. Este acuerdo, sujeto a la aprobación en la Asamblea General de Acreedores, busca asegurar el respaldo financiero necesario para que la compañía supere la crisis y reestructure sus operaciones.
Con información de Mercado e Consumo
