Industriales rechazan avasallamientos y denuncian que ahuyentan la inversión en Bolivia

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Según publica el portal La Razón industriales rechazan avasallamientos y denuncian que ahuyentan la inversión en Bolivia. Los industriales del país rechazaron los avasallamientos de tierras ocurridos en Santa Cruz en las pasadas jornadas. En su criterio, esas actividades ilícitas generan inseguridad jurídica para la inversión privada en el país y atentan contra la propiedad privada.

“De manera categórica, y en consenso con los presidentes de las cámaras departamentales, en reunión de emergencia, la CNI rechaza los avasallamientos registrados en las últimas horas en los departamentos de Santa Cruz y La Paz”, afirmaron a través de un comunicado.


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La mañana del miércoles, un grupo de avasalladores instalado en predios de la empresa Santagro, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, atentó contra las personas que ingresaron a cosechar soya. De este hecho, se tiene el reporte de dos personas fallecidas.

En tanto, en La Paz se produjo enfrentamientos por avasallamiento de tierras en la comunidad Junthuma, del municipio de Achocalla, en los que hubo seis heridos y 26 detenidos.

“Estas acciones irregulares atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, tanto de personas naturales como de personas jurídicas”, cuestionó la directiva de la CNI.

Industriales rechazan avasallamientos y denuncian que ahuyentan la inversión en Bolivia

La organización hizo un llamado “urgente” al Gobierno nacional y a los gobiernos subnacionales para que intervengan de forma inmediata en estos hechos, hagan respetar el Estado de derecho y la propiedad privada preservando la seguridad jurídica.

Además, que se impongan sanciones “con el máximo rigor” y en el estricto marco de la ley para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica.

Según los industriales, los avasallamientos generados por grupos organizados transgreden y violentan las normas y la Constitución Política del Estado en materia de propiedad privada, y ponen en serio riesgo la inversión y producción tanto de familias como de empresas que realizan inversiones formales.

“Estas acciones violentas e irregulares afectan a los esfuerzos orientados a la sustitución de importaciones que el mismo Gobierno impulsa”, añadió la CNI.