“Si bien el contrabando está regulando la inflación del país con mayor oferta de productos a precios más económicos esto, sin duda, está afectando a varias empresas legalemente establecidas en el país”, Así, el gerente general de Droguería INTI, Ronald Reyes, matizó el duro revés que afrontan las empresas. En 2021, se cerraron 402 industrias, un 37% más que en la gestión anterior, cuando fueron 317 empresas, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
De acuerdo con Reyes, hay productos de INTI que también han sido falsificados y están en el portafolio de los contrabandistas, inclusive -dijo- que se ha identificado leches dirigidas a infantes que ponen en riesgo no solo la salud de la población, sino también sus vidas.
Desde la perspectiva del economista Wálter Morales, uno de los factores que inciden en la baja inflación de alimentos es el contrabando, que guarda relación con un tipo de cambio apreciado.
No cree que exista una política expresa de que el contrabando sea un factor que controle la inflación. Sin embargo, deduce que es obvio que el sector informal concentra un mayor caudal de votos que el formal, por lo que resulta complicado generar políticas contundentes contra ese grupo. En todo caso, “el contrabando no es algo nuevo, pero que se ha exacerbado en el último tiempo con un tipo de cambio apreciado, el propio desarrollo de facilidades de transitabilidad y la pérdida de institucionalidad”, dijo.
“El alivio de la inflación, por los precios más bajos de afuera es una prioridad del Gobierno y, en ese sentido, se puede considerar un aliciente”, dijo Carlos Arce, investigador del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
El problema es el daño a la industria nacional. Ibo Blazicevic, extitular de la Cámara Nacional de Industrias, expresó su preocupación por la cantidad de empresas afectadas y dijo que también es una muestra de que el aparato productivo está sufriendo por los efectos del contrabando y de la informalidad. “Estimamos que estamos en alrededor de $us 3.000 millones de contrabando al año y eso ya significa un 7% del producto interno bruto (PIB) boliviano, eso pone en riesgo por supuesto a las más de 400.000 personas que trabajan en la industria”, enfatizó.
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Imagen de portada cortesía de El Deber
