Las tensiones internas en la cadena de comercialización y las dificultades para hacer llegar las medidas oficiales a los comercios barriales quedaron expuestas en la reunión entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, los representantes de las empresas que producen bienes de consumo masivo y el sector de mayoristas, almacenes y autoservicios.
Después de una reunión que se extendió por una hora y media, se pactó un plan para que en 15 días todos esos sectores lleguen a un acuerdo sobre los precios que regirán en todas las etapas intermedias, garantizando que hasta el 7 de enero todos los comercios puedan mantener los valores al consumidor en los mismos valores que regían al 1 de octubre.
El meollo de la cuestión radica en el último eslabón de la cadena, los comercios llamados de proximidad. Son básicamente los almacenes de barrio y los supermercados chinos, que a partir de los cambios de costumbres originados en la pandemia volvieron a ganar protagonismo en las ventas finales en desmedro de los hipermercados. El gobierno entiende que en ese eslabón el cumplimiento de la resolución 1050, que establece el congelamiento de precios de 1.432 artículos básicos a los valores de comienzos del mes pasado, es menor que en las grandes cadenas.
La queja de los pequeños comerciantes es que ellos reciben listas actualizadas de sus proveedores con valores que les impiden mantener el congelamiento dispuesto, porque el margen de rentabilidad es muy pequeño o incluso porque los valores son más altos que los que ellos deben mantener ante el consumidor final. En el sector se menciona como práctica necesaria contar con un margen de 25% a 30% con relación al precio mayorista, con el que pagar salarios, impuestos, costos operativos y obtener una pequeña ganancia que haga viable mantener el negocio abierto.
“Los precios de fabricantes, distribuidores y mayoristas impiden que los comercios más pequeños puedan participar en el programa con márgenes operativos razonables”, denunciaron CAS y FASA, la cámara y la federación que agrupan a los supermercados y autoservicios nacionales, a través de sus dirigentes Ricardo Zorzón y Víctor Palpacelli.
El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Victor Fera, contó este martes en una entrevista con El Destape Radio que el tema de la discusión fue “los márgenes de los minoristas, y por supuesto (que) los minoristas le reclaman a los mayoristas, y los mayoristas le reclamamos a la industria. Nosotros le pedimos a Feletti que ponga un precio de salida de fábrica, uno de salida del mayorista y uno al público para que se terminen los reclamos entre cada uno y terminemos con toda la situación”.
La resolución 1050 habla de “la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final”, pero no menciona las etapas intermedias y delega en la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores “la resolución de las medidas y mecanismos eficaces para la ejecución” de la norma.
“El programa muestra altos índices de cumplimiento en las grandes cadenas. Ahora hay que asegurar su implementación en los segmentos de comercios de menor porte”, resumió Feletti. “El objetivo es incluir a la totalidad de los negocios del país, reconociendo la heterogeneidad de los actores que abastecen el mercado. Así vamos a garantizar el acceso al programa de todos los consumidores y consumidoras. A tal fin, desde la Secretaría constituimos una mesa de trabajo y volvimos a convocar a los y las presentes para dentro de 15 días. Tenemos dos semanas para construir soluciones concretas a las dificultades vigentes”, señaló el secretario.
